sábado, 29 de enero de 2011

Miguel Rodríguez afirma que no son reales las informaciones que apuntan a la privatización de Sestiba.

Recuerda que la única función del Gobierno en este tema es y será dar garantía del servicio que se presta a los clientes que entren a los puertos de la red estatal

ImageImageAudio de la entrevista

SB-Noticias.- Miguel Rodríguez, miembro de la Asociación de Estibadores Portuarios de Las Palmas de Gran Canaria, analizó de este modo para el programa La Trapera de Radio San Borondón el hecho de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobara este miércoles por unanimidad la privatización de Sestiba (Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba de Las Palmas), que se regulará a través de un Consejo de Administración en el que el puerto tendrá sólo un miembro con derecho a voz, voto y veto y recuerda que la estiba siempre ha estado en manos de empresas privadas, toda vez que quienes contratan y dan el trabajo a los profesionales son las empresas estibadoras.

Miguel Rodríguez entiende que las informaciones aparecidas en la prensa no son del todo veraces puesto que se ha mal usado la palabra privatización en referencia a este nuevo proceso en Sestiba, tieniendo en cuenta que en realidad está privatizada desde el mismo momento en que se puso la estibadora en el primer puerto. Advierte que los trabajadores no han tenido nunca ni relación ni dependencia laboral con el Gobierno, es decir, nunca han sido funcionarios, ni se les aplica las leyes del funcinariado, ni nada en este sentido.

Explica que lo que ocurría en la sociedad de Sestiba es que el 51% de las acciones estaba en manos del Gobierno, en este caso en manos de la Autoridad Portuaria, con un objetivo que pretendía controlar el sector de la estiba, que factura mucho dinero, da mucha capacidad de maniobra política, por lo que los profesionales siempre han exigido que ese porcentaje de accionariado pasara a manos de las empresas del sector, que son las que en definitiva asumen los riesgos, hacen las inversiones y las que pactan las condiciones laborales.

En este sentido, indica que en los últimos tiempos ha habido casos contradictorios, como el hecho de que después de llegar a un pacto entre trabajadores y empresas, como consecuencia de tener la administración portuaria ese 51% de acciones en la sociedad Sestiba los dirigentes políticos lo cuestionaban todo, sobre todo los acuerdos marco a nivel estatal, lo cual, desde su óptica, era una auténtica aberración.

En base a estas reflexiones, Rodríguez insiste en afirmar que no son reales las informaciones que apuntan a la privatización de Sestiba, puesto que la estiba siempre ha estado en manos de empresas privadas, toda vez que quienes contratan y dan el trabajo a los profesionales son las empresas estibadoras, de tal manera que además dependen de otras empresas privadas para generar riqueza ya que si no hay barcos, los profesionales tampoco pueden trabajar.

Desde su punto de vista, entiende que con la forma de informar de este proceso diciendo que se ha privatizado Sestiba, realmente lo que se pretende nuevamente es hacer política partidista de esta situación, porque si bien es una información populista, no se corresponde con la auténtica realidad, dicho lo cual argumenta que los trabajadores no sólo están de acuerdo con el paso dado, sino que recuerda que vienen exigiendo desde hace más de ocho años que se diera este paso.

Miguel Rodríguez indica también que el Gobierno nunca ha dado ninguna cobertura a los trabajadores, de tal modo que las empresas son las que siempre han contratado o despedido a los trabajadores desde el mismo momento en que se creó la primera sociedad de estiba, pero aclara que lo que sí ha dado el gobierno, y lo va a seguir haciendo incluso con esta transformación, es una garantía del servicio a los clientes que entren a los puertos de la red estatal, algo que por otro lado es de interés público, como lo pueden ser los transportes, que las mercancías lleguen a los puntos para abastecer a las ciudades, algo que nunca se podrá privatizar.

Advierte que lo que ocurre ahora es que el porcentaje de acciones que tenía la Autoridad Portuaria dentro de la empresa estibadora pasa ahora a manos de la propia empresa, teniendo en cuenta que las responsabilidades económicas siempre han estado en manos de la empresa sin que Puertos haya tenido nunca ninguna responsabilidad económica dentro de la gestión de la empresa, utilizando el volumen de acciones tan sólo para decidir lo que se hace o se deja de hacer, lo cual es contradictorio.