NEXOLOG.com / Puertos del Estado atenderá en 2012 el pago de 70,33 millones de euros de las sentencias judiciales firmes que anulaban las liquidaciones por tarifas portuarias practicadas por las autoridades portuarias. La partida salda así la totalidad de la deuda contraída con los usuarios que habían reclamado.
Dicha cantidad, unida a los 231,66 millones de euros abonados en 2010, cubren la totalidad de las reclamaciones con sentencia firme recibidas por el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal a día de hoy, sumando un total de 302 millones de euros.
La razón de esta situación proviene de la anulación de las liquidaciones por tarifas portuarias viene avalada por las sentencias del Tribunal Constitucional que en 2009 declaró inconstitucionales diversos artículos de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1999 y 2000, estableciendo que las tarifas portuarias debían considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público.
Desde 1996, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia habían venido estimando los recursos interpuestos contra las liquidaciones practicadas por las autoridades portuarias en concepto de tarifas portuarias por falta de cobertura legal, así como las liquidaciones emitidas en sustitución de las primeras al amparo de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Igualmente, la Abogacía General del Estado había manifestado que resultaba contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional la práctica de la refacturación, y que las practicadas eran nulas de pleno derecho.
Fijado por la Ley
Por ello, la nueva Ley de Puertos (33/2010 de modificación de la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general), aprobada el pasado mes de agosto con el voto favorable de la mayoría del Congreso, ha incluido las correcciones necesarias para evitar que esta circunstancia se produzca en el futuro. Así, las cuantías básicas de las tasas portuarias vienen fijadas en la propia Ley, con lo cual tienen cobertura legal suficiente de cara a los usuarios.
Igualmente, a partir de la nueva Ley de Puertos, las autoridades portuarias tendrán flexibilidad en la estructura tarifaria a fin de captar y fidelizar nuevos tráficos y clientes con el objetivo de garantizar la rentabilidad del 2,5% del sistema.
MAYTE MARTÍN
