El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido enfrentarse a la especulación inmobiliaria en la ciudad y por ello estudia la forma de imponer un castigo en forma de recargo de hasta el 50% de lo que ya pagan del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas desocupadas por periodos superiores a dos o tres años.
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