miércoles, 27 de marzo de 2013
CaixaBank y sindicatos llegan a un acuerdo que elimina las salidas forzosas
Fuente: EuropaPressCanarias
Los representantes de CaixaBank y de los sindicatos han llegado un acuerdo para reducir la plantilla de la entidad que elimina las salidas forzosas y rebaja las salidas voluntarias a 2.600, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación.
Las condiciones planteadas por las representantes de CaixaBank han sido acogidas de manera "muy positiva" por parte de los representantes sindicales, que han valorado la retira del plan inicial que preveía un excedente de 3.002 trabajadores.
El acuerdo ha llegado tras una reunión entre responsables de CaixaBank y los sindicatos mayoritarios (CCOO, SECPB y UGT) celebrado este martes con el objetivo de cerrar el plan antes de este 1 de abril, cuando entra en vigor la nueva normativa estatal sobre el sistema de jubilación, lo que afectaría a las prejubilaciones de CaixaBank.
De esta forma, no habrá ningún despido forzoso en la entidad y las salidas voluntarias, que se articularán a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tendrán un tope máximo de 2.600. Asimismo, el plan se desarrollará en dos años, hasta diciembre de 2014.
El acuerdo contempla también una mejora de las condiciones de los traslados forzosos, otro de los escollos de la negociación. Así, finalmente se llevarán a cabo 400 traslados a más de 100 kilómetros de distancia y otros tantos a una distancia inferior a los 100 kilómetros.
El acuerdo alcanzado contempla unas salidas voluntarias a través de prejubilaciones, con el 80% del sueldo, que se articularán en dos tramos: unas 1.200 serán de personas nacidas entre 1954 y 1956 y otras 2.135 para los nacidos entre 1957 y 1960.
Asimismo, el acuerdo recoge otras medidas como bajas incentivadas y salidas indemnizadas, así como medio millar de excedencias de tres y cinco años de duración remuneradas y con derecho de retorno a la entidad.
Desde CCOO, su portavoz Joan Sierra ha subrayado que se ha conseguido eliminar los despidos forzosos y reducir las salidas voluntarias. "Se da una posición no traumática para la plantilla que permite la adecuación ordenada de las salidas hasta diciembre de 20014, cuando termina la vigencia del mismo, por lo que se permite administrar mejor la voluntariedad de las salidas", ha precisado.
Por su parte, el portavoz de UGT, Josep Maria Niubó, ha señalado el acuerdo "tranquiliza" a la plantilla porque evita las "medidas traumáticas". Asimismo, ha destacado que el personal de Banca Cívica podrá ingresar de nuevo en la plantilla de CaixaBank.
Los representantes de CaixaBank y de los sindicatos han llegado un acuerdo para reducir la plantilla de la entidad que elimina las salidas forzosas y rebaja las salidas voluntarias a 2.600, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación.
Las condiciones planteadas por las representantes de CaixaBank han sido acogidas de manera "muy positiva" por parte de los representantes sindicales, que han valorado la retira del plan inicial que preveía un excedente de 3.002 trabajadores.
El acuerdo ha llegado tras una reunión entre responsables de CaixaBank y los sindicatos mayoritarios (CCOO, SECPB y UGT) celebrado este martes con el objetivo de cerrar el plan antes de este 1 de abril, cuando entra en vigor la nueva normativa estatal sobre el sistema de jubilación, lo que afectaría a las prejubilaciones de CaixaBank.
De esta forma, no habrá ningún despido forzoso en la entidad y las salidas voluntarias, que se articularán a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tendrán un tope máximo de 2.600. Asimismo, el plan se desarrollará en dos años, hasta diciembre de 2014.
El acuerdo contempla también una mejora de las condiciones de los traslados forzosos, otro de los escollos de la negociación. Así, finalmente se llevarán a cabo 400 traslados a más de 100 kilómetros de distancia y otros tantos a una distancia inferior a los 100 kilómetros.
El acuerdo alcanzado contempla unas salidas voluntarias a través de prejubilaciones, con el 80% del sueldo, que se articularán en dos tramos: unas 1.200 serán de personas nacidas entre 1954 y 1956 y otras 2.135 para los nacidos entre 1957 y 1960.
Asimismo, el acuerdo recoge otras medidas como bajas incentivadas y salidas indemnizadas, así como medio millar de excedencias de tres y cinco años de duración remuneradas y con derecho de retorno a la entidad.
SATISFACCIÓN EN LOS SINDICATOS
El acuerdo ha sido acogido de manera "muy positiva" desde los sindicatos en la medida en que se eliminan los despidos forzosos y se limitan "mucho" las movilidades forzosas.Desde CCOO, su portavoz Joan Sierra ha subrayado que se ha conseguido eliminar los despidos forzosos y reducir las salidas voluntarias. "Se da una posición no traumática para la plantilla que permite la adecuación ordenada de las salidas hasta diciembre de 20014, cuando termina la vigencia del mismo, por lo que se permite administrar mejor la voluntariedad de las salidas", ha precisado.
Por su parte, el portavoz de UGT, Josep Maria Niubó, ha señalado el acuerdo "tranquiliza" a la plantilla porque evita las "medidas traumáticas". Asimismo, ha destacado que el personal de Banca Cívica podrá ingresar de nuevo en la plantilla de CaixaBank.
Canarias creará un plan de empleo para familias en paro y abrirá colegios en verano
Fuente: EuropaPressCanarias
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este martes un paquete de medidas para dinamizar la economía de las islas que comprende, entre otras cosas, un plan de empleo social, un fondo de desarrollo de vuelos para atraer turistas de mercados emergentes, y que los colegios abran en verano para reforzar la educación en idiomas.
Rivero ha dicho que de la mano de la Fecam, se impulsará un plan de 30 millones de euros desde el 1 de junio para que trabajen familias que tienen a todos los miemebros en paro.
Además, se abrirán colegios en verano para beneficiar a entre 8.000 y 12.000 alumnos, con 132 centros de referencia. Hasta 8.000 niños van a tener la posibilidad, incluso, de hacer uso de comedores escolares.
En cuanto a los vuelos, ha dicho que se destinarán 10 millones para relanzar nuevas rutas y recativar el turismo para la campaña de verano, y contra las listas de espera en sanidad, ha anunciado la contratación de 140 profesionales para que los quirófanos se abran por las tardes.
Rivero ha indicado también que a las 16.500 viviendas que hay en Canarias en régimen de alquiler social, se sumarán otras 900 con precios que osiclarán entre 2 y 100 euros.
Además, ha avanzado que habrá 250 millones para el desarrollo de infraestructuras a través de la colaboración público-privada, dedicados principalmente a hospitales, colegios y puertos, y también se suscribirá un crédito con el BEI por importe de 100 millones para modernizar el sector turístico.
Asimismo, emprendedores y microempresas recibirán 130 millones en créditos, y la Estrategia de crecimiento 2014-2020 permitirá acometer inversiones por 3.700 millones. Rivero ha propuesto también un plan contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este martes un paquete de medidas para dinamizar la economía de las islas que comprende, entre otras cosas, un plan de empleo social, un fondo de desarrollo de vuelos para atraer turistas de mercados emergentes, y que los colegios abran en verano para reforzar la educación en idiomas.
Rivero ha dicho que de la mano de la Fecam, se impulsará un plan de 30 millones de euros desde el 1 de junio para que trabajen familias que tienen a todos los miemebros en paro.
Además, se abrirán colegios en verano para beneficiar a entre 8.000 y 12.000 alumnos, con 132 centros de referencia. Hasta 8.000 niños van a tener la posibilidad, incluso, de hacer uso de comedores escolares.
En cuanto a los vuelos, ha dicho que se destinarán 10 millones para relanzar nuevas rutas y recativar el turismo para la campaña de verano, y contra las listas de espera en sanidad, ha anunciado la contratación de 140 profesionales para que los quirófanos se abran por las tardes.
Rivero ha indicado también que a las 16.500 viviendas que hay en Canarias en régimen de alquiler social, se sumarán otras 900 con precios que osiclarán entre 2 y 100 euros.
Además, ha avanzado que habrá 250 millones para el desarrollo de infraestructuras a través de la colaboración público-privada, dedicados principalmente a hospitales, colegios y puertos, y también se suscribirá un crédito con el BEI por importe de 100 millones para modernizar el sector turístico.
Asimismo, emprendedores y microempresas recibirán 130 millones en créditos, y la Estrategia de crecimiento 2014-2020 permitirá acometer inversiones por 3.700 millones. Rivero ha propuesto también un plan contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
Los trabajadores afectados por un ERE en enero crecieron el 58,2 %, según Empleo
Fuente: Canarias7
Los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en enero han sido 46.309, el 58,2 % más que en el mismo mes del año pasado, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
De ellos, 40.380 (el 47,5 % más) se han visto incluidos en un ERE por acuerdo de las partes, mientras que los 5.929 restantes (un 211,5 % más) no.
Del total de afectados, 7.144 han sido en un despido colectivo (el 26,7 % más que un año antes), 30.897 (el 75,9 % más) en un ERE de suspensión de contrato y 8.268 en uno de reducción de jornada (el 36,2 % más).
Esto supone que los ERE extintivos representan el 15,4 % del total, tal y como ha adelantado esta mañana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha recordado que en enero de 2012 eran el 19,3 %.
Por su parte, los de suspensión de contrato fueron el 66,7 % del total y los de reducción de jornada el 17,9 %.
Hace un año, el número de afectados por ERE se incrementó un 44 % y los englobados en un despido el 90,9 %.
En enero los ERE autorizados o comunicados a las autoridades de Empleo fueron 2.976 (el 32,9 % más que un año antes), de los que de extinción fueron 507 (el 18,7 % más), de suspensión 1.287 (el 13,6 % más) y de reducción 1.182 (el 73,8 % más).
Los pactados crecieron el 31,9 % más, hasta 2.802, de los que 449 fueron de extinción (el 9,7 % más), 1.203 de suspensión (el 14,4 % más) y 1.150 de reducción (el 73,1 % más).
Los ERE no acordados (174) también subieron, el 51,3 % más, después de que los de extinción se incrementaran un 222,2 % (hasta 58), los de suspensión un 3,7 % (a 84) y los de reducción un 100 % (a 32).
Por sectores, de los 46.309 trabajadores afectados 270 eran del agrario (el 53,7 % menos), 27.578 de la industria (el 88,7 % más), 3.348 de la construcción (el 8,4 % menos) y 15.113 de servicios (el 45,1 % más).
En cuanto a las causas alegadas, a 23.580 trabajadores se les metió en un ERE por motivos económicos (a 7.144 se les echó, a 30.897 se les suspendió el contrato y a 8.268 se les redujo la jornada).
A otros 433 se les argumentó causas técnicas para su ERE, a 1.558 organizativas, a 20.575 de producción y a 163 de fuerza mayor (56 fueron despedidos, a 106 se les dejó en suspenso el contrato y a 1 se le redujo la jornada).
De los 46.309 trabajadores afectados en enero, 2.791 fueron en Andalucía, 2.116 en Aragón, 7.416 en Asturias, 445 en Baleares, 522 en Canarias, 1.870 en Cantabria, 2.152 en Castilla-La Mancha y 2.985 en Castilla y León.
En Cataluña fueron 967, en la Comunidad Valenciana 4.696, en Extremadura 597, en Galicia 3.436, en Madrid 5.711, en Murcia 475, en el País Vasco 7.873, en La Rioja 268, en Ceuta 9 y en Melilla 6.
Los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en enero han sido 46.309, el 58,2 % más que en el mismo mes del año pasado, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
De ellos, 40.380 (el 47,5 % más) se han visto incluidos en un ERE por acuerdo de las partes, mientras que los 5.929 restantes (un 211,5 % más) no.
Del total de afectados, 7.144 han sido en un despido colectivo (el 26,7 % más que un año antes), 30.897 (el 75,9 % más) en un ERE de suspensión de contrato y 8.268 en uno de reducción de jornada (el 36,2 % más).
Esto supone que los ERE extintivos representan el 15,4 % del total, tal y como ha adelantado esta mañana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha recordado que en enero de 2012 eran el 19,3 %.
Por su parte, los de suspensión de contrato fueron el 66,7 % del total y los de reducción de jornada el 17,9 %.
Hace un año, el número de afectados por ERE se incrementó un 44 % y los englobados en un despido el 90,9 %.
En enero los ERE autorizados o comunicados a las autoridades de Empleo fueron 2.976 (el 32,9 % más que un año antes), de los que de extinción fueron 507 (el 18,7 % más), de suspensión 1.287 (el 13,6 % más) y de reducción 1.182 (el 73,8 % más).
Los pactados crecieron el 31,9 % más, hasta 2.802, de los que 449 fueron de extinción (el 9,7 % más), 1.203 de suspensión (el 14,4 % más) y 1.150 de reducción (el 73,1 % más).
Los ERE no acordados (174) también subieron, el 51,3 % más, después de que los de extinción se incrementaran un 222,2 % (hasta 58), los de suspensión un 3,7 % (a 84) y los de reducción un 100 % (a 32).
Por sectores, de los 46.309 trabajadores afectados 270 eran del agrario (el 53,7 % menos), 27.578 de la industria (el 88,7 % más), 3.348 de la construcción (el 8,4 % menos) y 15.113 de servicios (el 45,1 % más).
En cuanto a las causas alegadas, a 23.580 trabajadores se les metió en un ERE por motivos económicos (a 7.144 se les echó, a 30.897 se les suspendió el contrato y a 8.268 se les redujo la jornada).
A otros 433 se les argumentó causas técnicas para su ERE, a 1.558 organizativas, a 20.575 de producción y a 163 de fuerza mayor (56 fueron despedidos, a 106 se les dejó en suspenso el contrato y a 1 se le redujo la jornada).
De los 46.309 trabajadores afectados en enero, 2.791 fueron en Andalucía, 2.116 en Aragón, 7.416 en Asturias, 445 en Baleares, 522 en Canarias, 1.870 en Cantabria, 2.152 en Castilla-La Mancha y 2.985 en Castilla y León.
En Cataluña fueron 967, en la Comunidad Valenciana 4.696, en Extremadura 597, en Galicia 3.436, en Madrid 5.711, en Murcia 475, en el País Vasco 7.873, en La Rioja 268, en Ceuta 9 y en Melilla 6.
FCC plantea un ERE para 1.143 trabajadores de la construcción en España
Fuente: Canarias7
FCC ha comunicado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 1.143 trabajadores del área de la construcción en España, el 17,5% de la plantilla de esta división.
Según han indicado fuentes de los trabajadores, este ajuste de plantilla afectará a una serie de centros de trabajo que emplean a 3.820 trabajadores y al 1,4% de la plantilla total del grupo, que asciende a 82.000 personas.
De acuerdo con las mismas fuentes, el grueso del ajuste se localizará en Madrid (473 afectados), Cataluña (180) y Comunidad Valenciana (100), que aglutinan en su conjunto el 52% de los despidos previstos. En menor medida destaca Andalucía y Euskadi.
Asimismo, han señalado que la compañía ha justificado esta decisión por causas económicas, de productividad y de organización.
Más de 200 representantes de los trabajadores estaban llamados hoy a una primera toma de contacto con la empresa, que les ha entregado la documentación inicial para aplicar un ajuste de plantilla con el que prevé adaptar los gastos a la actual situación del mercado.
A los delegados sindicales del grupo en España se han unido además aquellos intermediarios de los trabajadores de los centros de FCC que no cuentan con representación sindical y que deberán elegir a los miembros de la comisión negociadora.
Dado el elevado número de asistentes el acto se ha llevado a cabo en un hotel de la capital.
Lo más probable, señalan las mismas fuentes, es que la empresa registre ante la autoridad laboral el recorte de plantilla el próximo 27 de marzo y que las negociaciones comiencen después de Semana Santa, con una reunión ya prevista en un principio para el 2 de abril.
Una vez que se compruebe que la documentación entregada por la compañía cumple todos los requisitos se abrirá un periodo de negociación de un mes, con lo que FCC podría empezar a ejecutarlo en mayo.
La compañía espera que la reducción de plantilla se haga en su mayor parte con prejubilaciones para que el proceso sea lo menos "doloroso" posible, aunque todo dependerá de las negociaciones con los sindicatos.
Con motivo de la presentación del plan estratégico de la compañía para el periodo 2013-2015, el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de FCC, Juan Béjar, reconoció que el ajuste se registrará fundamentalmente a lo largo de este año a fin de que su impacto se vea reflejado "cuanto antes" en la cuenta de resultados del grupo.
A pesar de no cuantificar el gasto de esta medida, el primer directivo del grupo recordó que FCC había provisionado en sus cuentas de 2012 un total de 60 millones por este concepto.
Junto a esta reestructuración, el grupo prevé realizar despidos en el personal de estructura -actualmente integrado por 6.000 personas-, así como nuevos ajustes de personal en su filial Cementos Portland Valderrivas, probablemente en las divisiones de hormigón, áridos, y el cierre de una planta adicional, alguna de las ubicadas en Cataluña o en el norte de España.
FCC ha comunicado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 1.143 trabajadores del área de la construcción en España, el 17,5% de la plantilla de esta división.
Según han indicado fuentes de los trabajadores, este ajuste de plantilla afectará a una serie de centros de trabajo que emplean a 3.820 trabajadores y al 1,4% de la plantilla total del grupo, que asciende a 82.000 personas.
De acuerdo con las mismas fuentes, el grueso del ajuste se localizará en Madrid (473 afectados), Cataluña (180) y Comunidad Valenciana (100), que aglutinan en su conjunto el 52% de los despidos previstos. En menor medida destaca Andalucía y Euskadi.
Asimismo, han señalado que la compañía ha justificado esta decisión por causas económicas, de productividad y de organización.
Más de 200 representantes de los trabajadores estaban llamados hoy a una primera toma de contacto con la empresa, que les ha entregado la documentación inicial para aplicar un ajuste de plantilla con el que prevé adaptar los gastos a la actual situación del mercado.
A los delegados sindicales del grupo en España se han unido además aquellos intermediarios de los trabajadores de los centros de FCC que no cuentan con representación sindical y que deberán elegir a los miembros de la comisión negociadora.
Dado el elevado número de asistentes el acto se ha llevado a cabo en un hotel de la capital.
Lo más probable, señalan las mismas fuentes, es que la empresa registre ante la autoridad laboral el recorte de plantilla el próximo 27 de marzo y que las negociaciones comiencen después de Semana Santa, con una reunión ya prevista en un principio para el 2 de abril.
Una vez que se compruebe que la documentación entregada por la compañía cumple todos los requisitos se abrirá un periodo de negociación de un mes, con lo que FCC podría empezar a ejecutarlo en mayo.
La compañía espera que la reducción de plantilla se haga en su mayor parte con prejubilaciones para que el proceso sea lo menos "doloroso" posible, aunque todo dependerá de las negociaciones con los sindicatos.
Con motivo de la presentación del plan estratégico de la compañía para el periodo 2013-2015, el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de FCC, Juan Béjar, reconoció que el ajuste se registrará fundamentalmente a lo largo de este año a fin de que su impacto se vea reflejado "cuanto antes" en la cuenta de resultados del grupo.
A pesar de no cuantificar el gasto de esta medida, el primer directivo del grupo recordó que FCC había provisionado en sus cuentas de 2012 un total de 60 millones por este concepto.
Junto a esta reestructuración, el grupo prevé realizar despidos en el personal de estructura -actualmente integrado por 6.000 personas-, así como nuevos ajustes de personal en su filial Cementos Portland Valderrivas, probablemente en las divisiones de hormigón, áridos, y el cierre de una planta adicional, alguna de las ubicadas en Cataluña o en el norte de España.
El paro subirá al 27% este año y el PIB se contraerá el 1,5%
Fuente: La Província
Las previsiones del Banco de España empeoran las del Gobierno y sitúan en el 1,2% el aumento del PIB en 2014
EFE/Madrid
La economía se contraerá un 1,5% este año y crecerá un 0,6% en 2014,
según las últimas previsiones del Banco de España incluidas en el
boletín económico del mes de marzo. Estas previsiones son más pesimistas
que las del Gobierno, que apuntan a una caída del 0,5% este año y a un
incremento del PIB del 1,2% en 2014, aunque serán revisadas el próximo
mes de abril.
Las nuevas previsiones del Banco de España parten de una situación de "acusada debilidad y elevada incertidumbre", puesto que no han terminado de despejarse las dudas de la crisis del área euro a pesar de la "cierta normalización" que tuvo lugar en los últimos meses del año.
En este contexto, el supervisor cree que la economía española está realizando un ajuste "profundo" y "no exento de dificultades", aunque el carácter transitorio de algunos factores que afectaron a la actividad en la última parte de 2012 permite pensar "con cautela" que la economía española podría estar superando la fase más aguda de la recesión.
De hecho, el Banco de España cree que la reversión de algunos de los impulsos contractivos recientes debería contribuir a que las caídas intertrimestrales de la demanda nacional se vayan moderando a lo largo de 2013. Esta situación, combinada con la progresiva recuperación de las exportaciones, debería permitir que el PIB se estabilizase hacia finales de este año y que volviera a crecer el año que viene.
Así, asegura que en el primer semestre continuarán las caídas de PIB en cifras similares a las observadas desde el inicio de la actual recesión, aunque hacia el final de año se producirá un "repunte gradual de la actividad" por la mejora del tono exportador, por la moderación de la aportación negativa de la inversión residencial y la menor contribución negativa de componentes públicos al PIB.
En concreto, el Banco de España estima que la demanda nacional caerá un 4,3% este año, por encima del -3,9% del año pasado, con una aceleración de la contracción de consumo privado hasta el 3%. No obstante, el descenso del consumo de los hogares se verá motivado por un menor ahorro.
La inversión residencial retrocederá por sexto año consecutivo y en un tasa cercana al 10%, algo más pronunciada que la de 2012, mientras que la inversión empresarial caerá cerca del 5%, aunque hay algunos elementos que podrían comenzar a moderar la caída de esta variable en la segunda mitad del año.
Tasa positivas de PIB en 2014
La demanda pública, por su parte, seguirá experimentando retrocesos en 2013 por el efecto de la consolidación fiscal. Así, la bajada del consumo público se acelerará al 4,4% este año, mientras que la caída de la inversión, según los presupuestos de las administraciones públicas, se moderará a la mitad este año, hasta el 20%.
En la vertiente exterior de la economía, las exportaciones avanzarán un 3,8% este año, de forma que la tasas de crecimiento de las ventas al extranjero superará de nuevo a la de los mercados españoles. Las importaciones, según el Banco de España, retrocederán un 4,9%.
De cara a 2014, la institución prevé un "fortalecimiento gradual" de la actividad, con tasas de variación de PIB positivas, aunque "modestas" desde el inicio del año. El avance del PIB en 2014 se basará en mejoras de componentes de la demanda privada, como el gasto de los hogares, que podría alcanzar tasas positivas, mientras que la demanda exterior neta sigue contribuyendo al crecimiento, aunque menos.
En 2014 se creará empleo
En materia de empleo, el banco emisor asegura que la destrucción neta de puestos de trabajo se mantendrá en 2013, con una caída de esta variable del 3,8%. En este contexto, la tasa de paro escalará al 27,1% este año, aunque empezará a bajar en 2014 para cerrar el año en el 26,8%. De hecho, cree que en 2014 se iniciará la creación neta de puestos de trabajo.
Por otro lado, la institución gobernada por Luis María Linde afirma que la reducción al 6,7% en 2012, con un ajuste de algo más de dos puntos, supuso un esfuerzo fiscal "significativo" dada la recesión y el fuerte incremento de la carga de intereses.
Las previsiones para 2013 y 2014 sitúan el déficit en el entorno del 6% en ambos ejercicios, lo que no permitiría quebrar la tendencia creciente de la deuda y ponen en evidencia que, pese al esfuerzo, la magnitud del ajuste pendiente es "significativa". En concreto, estima que el déficit se moderará al 6% este año y al 5,9% en 2014.
Menos déficit implicaría menos crecimiento
Además, alerta de una senda de ajuste más exigente que la planteada supondría menor crecimiento a corto plazo, con un impacto final sobre la actividad que, en todo caso, dependería de la magnitud del esfuerzo adicional.
A su parecer, una definición temprana y con un horizonte a medio plazo de las medidas necesarias para mantener la senda, así como una aplicación "estricta" de los mecanismos de la Ley de Estabilidad para la corrección "oportuna" de posibles desviaciones, aumentarían la confianza del proceso.
Las previsiones del Banco de España se han hecho teniendo en cuenta que las medidas fiscales que deberían desaparecer en 2014, como el gravamen temporal del IRPF, patrimonio o la reducción de determinadas deducciones de Sociedades, no desaparecen. El Banco de España cree que la reversión de estas medidas, que suponen cerca del 1,2% del PIB, haría que el déficit recuperara la tendencia creciente y que se ampliara la brecha con el objetivo fijado para este año.
La inflación se moderará
En materia de precios, el Banco de España espera que el IPC se modere a medida que desaparezcan los efectos transitorios que lo han condicionado, como la subida del IVA, de forma que la inflación media cierre 2013 en el 1,8% y baje al 1% el año siguiente.
Sobre el saldo de la cuenta del resto del mundo, el Banco de España espera una "mejora sustancial" en 2013, ya que prevé una capacidad de financiación del 2,5% del PIB gracias, fundamentalmente, al comportamiento del saldo de bienes, que podría aproximarse al equilibrio. En 2014, la capacidad de financiación se ampliará al 3,5% del PIB.
Las nuevas previsiones del Banco de España parten de una situación de "acusada debilidad y elevada incertidumbre", puesto que no han terminado de despejarse las dudas de la crisis del área euro a pesar de la "cierta normalización" que tuvo lugar en los últimos meses del año.
En este contexto, el supervisor cree que la economía española está realizando un ajuste "profundo" y "no exento de dificultades", aunque el carácter transitorio de algunos factores que afectaron a la actividad en la última parte de 2012 permite pensar "con cautela" que la economía española podría estar superando la fase más aguda de la recesión.
De hecho, el Banco de España cree que la reversión de algunos de los impulsos contractivos recientes debería contribuir a que las caídas intertrimestrales de la demanda nacional se vayan moderando a lo largo de 2013. Esta situación, combinada con la progresiva recuperación de las exportaciones, debería permitir que el PIB se estabilizase hacia finales de este año y que volviera a crecer el año que viene.
Así, asegura que en el primer semestre continuarán las caídas de PIB en cifras similares a las observadas desde el inicio de la actual recesión, aunque hacia el final de año se producirá un "repunte gradual de la actividad" por la mejora del tono exportador, por la moderación de la aportación negativa de la inversión residencial y la menor contribución negativa de componentes públicos al PIB.
En concreto, el Banco de España estima que la demanda nacional caerá un 4,3% este año, por encima del -3,9% del año pasado, con una aceleración de la contracción de consumo privado hasta el 3%. No obstante, el descenso del consumo de los hogares se verá motivado por un menor ahorro.
La inversión residencial retrocederá por sexto año consecutivo y en un tasa cercana al 10%, algo más pronunciada que la de 2012, mientras que la inversión empresarial caerá cerca del 5%, aunque hay algunos elementos que podrían comenzar a moderar la caída de esta variable en la segunda mitad del año.
Tasa positivas de PIB en 2014
La demanda pública, por su parte, seguirá experimentando retrocesos en 2013 por el efecto de la consolidación fiscal. Así, la bajada del consumo público se acelerará al 4,4% este año, mientras que la caída de la inversión, según los presupuestos de las administraciones públicas, se moderará a la mitad este año, hasta el 20%.
En la vertiente exterior de la economía, las exportaciones avanzarán un 3,8% este año, de forma que la tasas de crecimiento de las ventas al extranjero superará de nuevo a la de los mercados españoles. Las importaciones, según el Banco de España, retrocederán un 4,9%.
De cara a 2014, la institución prevé un "fortalecimiento gradual" de la actividad, con tasas de variación de PIB positivas, aunque "modestas" desde el inicio del año. El avance del PIB en 2014 se basará en mejoras de componentes de la demanda privada, como el gasto de los hogares, que podría alcanzar tasas positivas, mientras que la demanda exterior neta sigue contribuyendo al crecimiento, aunque menos.
En 2014 se creará empleo
En materia de empleo, el banco emisor asegura que la destrucción neta de puestos de trabajo se mantendrá en 2013, con una caída de esta variable del 3,8%. En este contexto, la tasa de paro escalará al 27,1% este año, aunque empezará a bajar en 2014 para cerrar el año en el 26,8%. De hecho, cree que en 2014 se iniciará la creación neta de puestos de trabajo.
Por otro lado, la institución gobernada por Luis María Linde afirma que la reducción al 6,7% en 2012, con un ajuste de algo más de dos puntos, supuso un esfuerzo fiscal "significativo" dada la recesión y el fuerte incremento de la carga de intereses.
Las previsiones para 2013 y 2014 sitúan el déficit en el entorno del 6% en ambos ejercicios, lo que no permitiría quebrar la tendencia creciente de la deuda y ponen en evidencia que, pese al esfuerzo, la magnitud del ajuste pendiente es "significativa". En concreto, estima que el déficit se moderará al 6% este año y al 5,9% en 2014.
Menos déficit implicaría menos crecimiento
Además, alerta de una senda de ajuste más exigente que la planteada supondría menor crecimiento a corto plazo, con un impacto final sobre la actividad que, en todo caso, dependería de la magnitud del esfuerzo adicional.
A su parecer, una definición temprana y con un horizonte a medio plazo de las medidas necesarias para mantener la senda, así como una aplicación "estricta" de los mecanismos de la Ley de Estabilidad para la corrección "oportuna" de posibles desviaciones, aumentarían la confianza del proceso.
Las previsiones del Banco de España se han hecho teniendo en cuenta que las medidas fiscales que deberían desaparecer en 2014, como el gravamen temporal del IRPF, patrimonio o la reducción de determinadas deducciones de Sociedades, no desaparecen. El Banco de España cree que la reversión de estas medidas, que suponen cerca del 1,2% del PIB, haría que el déficit recuperara la tendencia creciente y que se ampliara la brecha con el objetivo fijado para este año.
La inflación se moderará
En materia de precios, el Banco de España espera que el IPC se modere a medida que desaparezcan los efectos transitorios que lo han condicionado, como la subida del IVA, de forma que la inflación media cierre 2013 en el 1,8% y baje al 1% el año siguiente.
Sobre el saldo de la cuenta del resto del mundo, el Banco de España espera una "mejora sustancial" en 2013, ya que prevé una capacidad de financiación del 2,5% del PIB gracias, fundamentalmente, al comportamiento del saldo de bienes, que podría aproximarse al equilibrio. En 2014, la capacidad de financiación se ampliará al 3,5% del PIB.
martes, 26 de marzo de 2013
Los bomberos reciben con protestas a Soria y Pastor
Fuente: CanariasAhora
Los trabajadores portaban una pancarta en la que se puede leer "Más recortes a políticos y banqueros"
Los bomberos grancanarios han llevado su protesta al tramo de la autopista GC-1 entre Puerto Rico y Mogán que inauguran este lunes la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Los trabajadores portan una pancarta en la que se puede leer "Más recortes a políticos y banqueros"
Fuente: Canarias7
La autovía GC-1 une desde este lunes Las Palmas de Gran Canaria con el municipio de Mogán, al suroeste de la isla, después de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, haya inaugurado su último tramo, que comprende los 6,5 kilómetros que discurren desde el barranco del Lechugal hasta el de Mogán.
Se trata de una obra que ha ejecutado en un plazo de 53 meses la unión de empresas GC-1 Puerto Rico Mogán con un presupuesto cercano a los 123 millones, tal y como ha destacado Pastor en presencia del ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, y del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, entre otros responsables institucionales.
Este acto, que ha contado con la protesta de miembros de la plataforma Stop Desahucios y del Foro Roque Aldeano, que reclama la agilización de los plazos de ejecución de la carretera que unirá La Aldea con Agaete, a lo que la ministra se ha comprometido.
También han protestado bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que rechazan los ajustes presupuestarios del Ejecutivo regional en materia de seguridad y emergencias.
El tramo de autovía inaugurado hoy incluye cuatro parejas de túneles que suman 9.547 metros y suponen más del 70 % de la longitud total de la calzada ejecutada, cuatro viaductos y cuatro pasos inferiores.
Pastor se ha comprometido ante el Foro Roque Aldeano a dar, con la colaboración del Gobierno canario, la máxima prioridad a la carretera que unirá La Aldea con Agaete, municipios del oeste de Gran Canaria que sufren un especial aislamiento con el resto de la isla dada la complicada orografía de la zona
El tráfico portuario de La Luz registra una nueva caída en febrero
Fuente: La Provincia
El Puerto mueve 400.0000 toneladas menos de mercancías que en 2012
B. V. H.
El tráfico portuario en el puerto de La Luz y de Las Palmas ha
registrado una nueva caída en el mes de febrero. El descenso más
significativo ha incidido en el movimiento de mercancías, que ha sufrido
un desplome del 13,57% con respecto al mismo mes de 2012 y del 11,04%
en lo que va de año y que se atribuye desde el organismo de la Autoridad
Portuaria a los efectos de la crisis económica internacional.
Si en febrero de 2012 el tráfico de mercancías ascendió a 1.766.563 toneladas, en este mes de 2013 solo ha alcanzado 1.526.911. De esta manera, en los dos primeros meses de 2012 se movieron más de tres millones y medio de toneladas (3.654.968), mientras que ahora las cifras caen en más de 400.000 toneladas (3.251.559).
La portavoz de la Autoridad Portuaria aseguró ayer que "la bajada del consumo" es una de las causas que justifica los descensos en el tráfico que el Puerto registró a finales de 2012, tras más de dos años y medio de ascenso. "A esto hay que añadir la crisis internacional, que provoca menos movimiento de contenedores", afirmó.
La situación, tras varios meses de bajadas consecutivas, no causa intranquilidad en las autoridades del recinto portuario, que ven estas bajadas "como algo normal" después "los buenísimos números logrados en 2011".
Las cifras negativas se ven compensadas, por otro lado, por el aumento de pasajeros en la entrada marítima de la ciudad. Mientras que este ha aumentado un 61,63% -han desembarcado 35.000 personas más en febrero de 2013 que en el mismo periodo de 2012- y el número de automóviles ha subido un 62,29%, el número de turistas en cruceros ha caído un 20%.
Por otro lado, las cifras de avituallamiento han crecido un 10,19% al registrarse un aumento de la venta de combustible del 15,48% pese a observarse una disminución parecida en la de agua.
Desde la Autoridad Portuaria aseguran que su objetivo es "aumentar el tráfico" en el puerto de La Luz y de Las Palmas para mejorar las cifras. En este sentido, el número de buques entre el mes de febrero de este y el pasado año se redujo en un 9,33%. Es decir, en el acumulado de 2013, se han registrado 239 buques menos en el Puerto que en 2012.
Si en febrero de 2012 el tráfico de mercancías ascendió a 1.766.563 toneladas, en este mes de 2013 solo ha alcanzado 1.526.911. De esta manera, en los dos primeros meses de 2012 se movieron más de tres millones y medio de toneladas (3.654.968), mientras que ahora las cifras caen en más de 400.000 toneladas (3.251.559).
La portavoz de la Autoridad Portuaria aseguró ayer que "la bajada del consumo" es una de las causas que justifica los descensos en el tráfico que el Puerto registró a finales de 2012, tras más de dos años y medio de ascenso. "A esto hay que añadir la crisis internacional, que provoca menos movimiento de contenedores", afirmó.
La situación, tras varios meses de bajadas consecutivas, no causa intranquilidad en las autoridades del recinto portuario, que ven estas bajadas "como algo normal" después "los buenísimos números logrados en 2011".
Las cifras negativas se ven compensadas, por otro lado, por el aumento de pasajeros en la entrada marítima de la ciudad. Mientras que este ha aumentado un 61,63% -han desembarcado 35.000 personas más en febrero de 2013 que en el mismo periodo de 2012- y el número de automóviles ha subido un 62,29%, el número de turistas en cruceros ha caído un 20%.
Por otro lado, las cifras de avituallamiento han crecido un 10,19% al registrarse un aumento de la venta de combustible del 15,48% pese a observarse una disminución parecida en la de agua.
Desde la Autoridad Portuaria aseguran que su objetivo es "aumentar el tráfico" en el puerto de La Luz y de Las Palmas para mejorar las cifras. En este sentido, el número de buques entre el mes de febrero de este y el pasado año se redujo en un 9,33%. Es decir, en el acumulado de 2013, se han registrado 239 buques menos en el Puerto que en 2012.
Rivero propone incentivos para la contratación y reactivación económica
Fuente: La Provincia
Haridian Mederos
El presidente canario, Paulino Rivero, afronta hoy a su sexto debate
sobre el estado de la nacionalidad con una hoja de ruta clara en la
búsqueda de la reactivación económica, la creación de empleo y el
mantenimiento de la cohesión social. Tras el fracasado pacto global por
Canarias con el PP, con casi un 33% de paro en las Islas y con unos
indicadores económicos poco alentadores, su discurso no permite
titubeos. Tanto es así que Rivero mantuvo ayer una reunión privada con
empresarios y sindicatos para avanzarles las medidas que expondrá en el
Parlamento autonómico. Un encuentro hasta ahora inédito antes de la cita
política más importante del año, un gesto agradecido por los agentes
económicos y sociales.
Tras acudir a un acto con los ministros de Fomento e Industria, Ana Pastor y José Manuel Soria, Rivero encontró un hueco de más de dos horas para dibujar las líneas maestras de su intervención a una quincena de representantes de los sindicatos, las confederaciones empresariales y las federaciones de construcción y turismo, entre otros. Todos ellos fueron convocados por teléfono para una jornada informal y Rivero les pidió sigilo.
El también presidente de CC ratificó promesas que ha lanzado en los últimos meses y escuchó atento las consideraciones de sus interlocutores. Ellos acogieron con agrado sus ideas a corto y medio plazo, consideradas "realizables" y no "estrafalarias". No obstante, le exigieron celeridad en su puesta en marcha, dada la debacle económica en las Islas y para evitar "falsas expectativas" en la ciudadanía.
Compromisos
El dirigente nacionalista recapituló todos los planes de actuación diseñados junto con los socialistas y que englobarán el grueso de su disertación en la tribuna. Algunas de sus metas han sido acordadas con el PP en las tres mesas de negociación organizadas en febrero, aunque no se llegó a suscribir un pacto final entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El escollo que dilapidó el trato fue la exigencia de los populares de incluir en la reforma del REF un impuesto para la extracción de petróleo, sumado a las desavenencias entre socialistas y nacionalistas.
En su catálogo de propuestas, Rivero baraja abaratar la contratación mediante la bonificación de las cuotas sociales; recurrir a los fondos europeos que le corresponden a Canarias del marco presupuestario 2014-2020 para impulsar nuevos puestos de trabajo; priorizar los contratos para los jóvenes y parados de larga duración y promover microcréditos para los desocupados, entre otros. Aspira a que, si el Estado flexibiliza el objetivo de déficit, disponer de 160 millones de euros adicionales destinados a la generación de empleo.
El jefe del Ejecutivo dará a conocer previsiblemente un plan para luchar contra la pobreza, pese a que el pacto rechazó un texto similar de NC. Otro plan en cartera perseguirá rebajar las listas de espera sanitarias, que han crecido un 9%.
Igualmente, Rivero aboga por la colaboración público-privada en los proyectos de infraestructuras ante la escasez de recursos públicos. Asimismo, prevé agilizar el pago de las facturas pendientes de cobro de pymes y autónomos por parte de la Administración e instaurar fórmulas flexibles de aplazamiento y fraccionamiento de tributos para los proveedores. Otra de sus aspiraciones es incentivar a las aerolíneas para aumentar su oferta de vuelos con las Islas, al igual que estimular la renovación turística.
En definitiva, Rivero, preocupado por una fractura de la cohesión social, expondrá sus compromisos, que tendrán que someterse a examen periódicamente, según le reclamaron patronales y sindicatos.
El presidente canario avanza las claves de su discurso de hoy a las organizaciones empresariales y sindicales
Tras acudir a un acto con los ministros de Fomento e Industria, Ana Pastor y José Manuel Soria, Rivero encontró un hueco de más de dos horas para dibujar las líneas maestras de su intervención a una quincena de representantes de los sindicatos, las confederaciones empresariales y las federaciones de construcción y turismo, entre otros. Todos ellos fueron convocados por teléfono para una jornada informal y Rivero les pidió sigilo.
El también presidente de CC ratificó promesas que ha lanzado en los últimos meses y escuchó atento las consideraciones de sus interlocutores. Ellos acogieron con agrado sus ideas a corto y medio plazo, consideradas "realizables" y no "estrafalarias". No obstante, le exigieron celeridad en su puesta en marcha, dada la debacle económica en las Islas y para evitar "falsas expectativas" en la ciudadanía.
Compromisos
El dirigente nacionalista recapituló todos los planes de actuación diseñados junto con los socialistas y que englobarán el grueso de su disertación en la tribuna. Algunas de sus metas han sido acordadas con el PP en las tres mesas de negociación organizadas en febrero, aunque no se llegó a suscribir un pacto final entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El escollo que dilapidó el trato fue la exigencia de los populares de incluir en la reforma del REF un impuesto para la extracción de petróleo, sumado a las desavenencias entre socialistas y nacionalistas.
En su catálogo de propuestas, Rivero baraja abaratar la contratación mediante la bonificación de las cuotas sociales; recurrir a los fondos europeos que le corresponden a Canarias del marco presupuestario 2014-2020 para impulsar nuevos puestos de trabajo; priorizar los contratos para los jóvenes y parados de larga duración y promover microcréditos para los desocupados, entre otros. Aspira a que, si el Estado flexibiliza el objetivo de déficit, disponer de 160 millones de euros adicionales destinados a la generación de empleo.
El jefe del Ejecutivo dará a conocer previsiblemente un plan para luchar contra la pobreza, pese a que el pacto rechazó un texto similar de NC. Otro plan en cartera perseguirá rebajar las listas de espera sanitarias, que han crecido un 9%.
Igualmente, Rivero aboga por la colaboración público-privada en los proyectos de infraestructuras ante la escasez de recursos públicos. Asimismo, prevé agilizar el pago de las facturas pendientes de cobro de pymes y autónomos por parte de la Administración e instaurar fórmulas flexibles de aplazamiento y fraccionamiento de tributos para los proveedores. Otra de sus aspiraciones es incentivar a las aerolíneas para aumentar su oferta de vuelos con las Islas, al igual que estimular la renovación turística.
En definitiva, Rivero, preocupado por una fractura de la cohesión social, expondrá sus compromisos, que tendrán que someterse a examen periódicamente, según le reclamaron patronales y sindicatos.
CaixaBank mejora las condiciones del ERE, pero la negociación no avanza
Fuente: Canarias7
CaixaBank ha mejorado este lunes las condiciones económicas del ERE que afecta a 3.002 personas en toda España, pero la negociación con los sindicatos sigue encallada, ya que los sindicatos exigen que no haya ninguna salida forzosa de la entidad ni se impongan traslados.
Según fuentes sindicales, CaixaBank ha ofrecido este lunes y a los empleados que se acojan a una baja voluntaria incentivada añadir una prima por antigüedad a la indemnización de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades que cobrarían.
Esta prima sería de mil euros por cada cinco años de antigüedad con un máximo de 6.000 euros.
CaixaBank ha puesto también sobre la mesa una prima adicional de 20.000 euros para aquellos trabajadores de entre 53 y 57 años dispuestos a prejubilarse.
La otra novedad de la reunión de hoy, que continuará por la tarde, es que CaixaBank, que no ha querido hacer comentarios respecto a la marcha de la negociación, acepta la propuesta de los sindicatos de que haya excedencias temporales incentivadas.
La entidad está dispuesta a aceptar excedencias "de tres o cinco años" de duración con un compromiso de reingreso posterior del afectado en su misma provincia; estas personas cobrarían además como compensación entre 10.000 y 15.000 euros.
No obstante, las negociaciones siguen bloqueadas porque la dirección continúa planteando el traslado forzoso de 2.000 trabajadores, la mitad de los cuales serían de larga distancia, es decir, a más de 150 kilómetros del centro de trabajo actual.
CaixaBank pretende con esta medida cubrir las zonas en las que se produzcan vacantes y reequilibrar los territorios.
Los sindicatos exigen que la empresa suprima la cláusula que contempla la posibilidad de llevar a cabo despidos si no se cubren las 3.002 bajas con medidas voluntarias.
En la última reunión, CaixaBank aceptó retirar el despido de los 743 trabajadores de Banca Cívica que están ahora en situación de suspensión temporal de contratos.
CaixaBank ha mejorado este lunes las condiciones económicas del ERE que afecta a 3.002 personas en toda España, pero la negociación con los sindicatos sigue encallada, ya que los sindicatos exigen que no haya ninguna salida forzosa de la entidad ni se impongan traslados.
Según fuentes sindicales, CaixaBank ha ofrecido este lunes y a los empleados que se acojan a una baja voluntaria incentivada añadir una prima por antigüedad a la indemnización de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades que cobrarían.
Esta prima sería de mil euros por cada cinco años de antigüedad con un máximo de 6.000 euros.
CaixaBank ha puesto también sobre la mesa una prima adicional de 20.000 euros para aquellos trabajadores de entre 53 y 57 años dispuestos a prejubilarse.
La otra novedad de la reunión de hoy, que continuará por la tarde, es que CaixaBank, que no ha querido hacer comentarios respecto a la marcha de la negociación, acepta la propuesta de los sindicatos de que haya excedencias temporales incentivadas.
La entidad está dispuesta a aceptar excedencias "de tres o cinco años" de duración con un compromiso de reingreso posterior del afectado en su misma provincia; estas personas cobrarían además como compensación entre 10.000 y 15.000 euros.
No obstante, las negociaciones siguen bloqueadas porque la dirección continúa planteando el traslado forzoso de 2.000 trabajadores, la mitad de los cuales serían de larga distancia, es decir, a más de 150 kilómetros del centro de trabajo actual.
CaixaBank pretende con esta medida cubrir las zonas en las que se produzcan vacantes y reequilibrar los territorios.
Los sindicatos exigen que la empresa suprima la cláusula que contempla la posibilidad de llevar a cabo despidos si no se cubren las 3.002 bajas con medidas voluntarias.
En la última reunión, CaixaBank aceptó retirar el despido de los 743 trabajadores de Banca Cívica que están ahora en situación de suspensión temporal de contratos.
Los sindicatos canarios no permanecerán "impasibles" si no llegan soluciones
Fuente: Canarias7
Los sindicatos con representación en Canarias han advertido este lunes de que no permanecerán "impasibles" si no hay soluciones para la creación de empleo y para frenar el deterioro de las condiciones de vida de la población, en especial de la que vive por debajo del umbral de la pobreza.
En una rueda de prensa ofrecida ante la celebración en el Parlamento del pleno sobre el estado de la comunidad autónoma, este martes y miércoles, doce sindicatos han presentado hoy en Las Palmas de Gran Canaria una declaración unitaria en la que subrayan que Canarias vive una "situación límite".
Suscriben este pronunciamiento CCOO, UGT, USO, Intersindical, Co.Bas., STU, FSOC, SIC, Colectivo Independiente de Guaguas, EA Canarias, Insucan y Sindicato de la Elevación.
La portavoz de esta declaración conjunta, Isabel Talavera (Frente Sindical de Canarias), ha defendido que la población requiere soluciones "inmediatas" a sus problemas reales y que éstas deben ser el "objeto central" de cualquier debate de sus instituciones y, sobre todo, del debate del estado de la nacionalidad.
En opinión del colectivo sindical, el Gobierno de Canarias hasta ahora no solo no ha dado respuestas para abordar los problemas, sino que los ha agravado con unos recortes que afectan a las necesidades "más básicas" de su gente.
Los sindicatos quieren saber sin en el debate las 400.000 personas sin trabajo de las islas van a tener "algún atisbo de esperanza" tras las propuestas que aprueben los parlamentarios.
También cuestionan sobre lo que los políticos van a decir a las 100.000 familias sin ingresos, si se tomarán medidas para atenuar el "sufrimiento" de las personas afectadas por los desahucios, qué hará para frenar la extensión de la pobreza extrema o si hay soluciones para potenciar los comedores escolares y evitar el deterioro de los servicios públicos.
Además, se preguntan los sindicatos si el Gobierno van a seguir recortando los derechos adquiridos por los empleados públicos y qué dirán los parlamentarios sobre el deterioro de la negociación colectiva.
"La gente quiere que se hable de estas cosas y de otras muchas que están relacionadas con lo que le preocupa y espera que los poderes públicos forme parte de la solución y no del problema", destaca la declaración.
El movimiento sindical, especifica el manifiesto, sigue manteniendo que las soluciones que necesita la mayoría de la sociedad requiere un "giro total" en las políticas a seguir que acabe con los recortes y la "austeridad para pobres" impuesta por la Unión Europea y el Gobierno español, seguidas de forma "dócil" por el Ejecutivo canario.
Los sindicatos se preguntan si los parlamentarios pueden convencer a la población de que sus prioridades están centradas en el interés común de las "personas de carne y hueso" de las islas o el cumplimiento de los objetivos que deciden "unos pocos".
"Si el debate queda en un paripé, se habrá dado un paso más para acelerar el deterioro de la legitimidad social de las instituciones y se seguirá profundizando en la crisis de la democracia que afecta a los partidos, las instituciones y a la propia comunidad autónoma", concluye la declaración conjunta sindical.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras Canarias, Juan Jesús Arteaga, ha señalado que el presidente del Gobierno de Canarias -Paulino Rivero- ha querido llegar al debate de la nacionalidad con un acuerdo con la oposición, "que no se ha materializado" y que se presentará al margen de los sindicatos que, a su juicio, serán los "grandes ausentes".
"El debate podría ser una especie de acto autista que está al margen de la calle, un paripé que no sirve para encontrar soluciones que preocupa a la sociedad", ha resaltado Arteaga, quien ha reiterado que los sindicatos no se quedarán "impasibles" y que el primer paso "es estar aquí unidos".
Los sindicatos con representación en Canarias han advertido este lunes de que no permanecerán "impasibles" si no hay soluciones para la creación de empleo y para frenar el deterioro de las condiciones de vida de la población, en especial de la que vive por debajo del umbral de la pobreza.
En una rueda de prensa ofrecida ante la celebración en el Parlamento del pleno sobre el estado de la comunidad autónoma, este martes y miércoles, doce sindicatos han presentado hoy en Las Palmas de Gran Canaria una declaración unitaria en la que subrayan que Canarias vive una "situación límite".
Suscriben este pronunciamiento CCOO, UGT, USO, Intersindical, Co.Bas., STU, FSOC, SIC, Colectivo Independiente de Guaguas, EA Canarias, Insucan y Sindicato de la Elevación.
La portavoz de esta declaración conjunta, Isabel Talavera (Frente Sindical de Canarias), ha defendido que la población requiere soluciones "inmediatas" a sus problemas reales y que éstas deben ser el "objeto central" de cualquier debate de sus instituciones y, sobre todo, del debate del estado de la nacionalidad.
En opinión del colectivo sindical, el Gobierno de Canarias hasta ahora no solo no ha dado respuestas para abordar los problemas, sino que los ha agravado con unos recortes que afectan a las necesidades "más básicas" de su gente.
Los sindicatos quieren saber sin en el debate las 400.000 personas sin trabajo de las islas van a tener "algún atisbo de esperanza" tras las propuestas que aprueben los parlamentarios.
También cuestionan sobre lo que los políticos van a decir a las 100.000 familias sin ingresos, si se tomarán medidas para atenuar el "sufrimiento" de las personas afectadas por los desahucios, qué hará para frenar la extensión de la pobreza extrema o si hay soluciones para potenciar los comedores escolares y evitar el deterioro de los servicios públicos.
Además, se preguntan los sindicatos si el Gobierno van a seguir recortando los derechos adquiridos por los empleados públicos y qué dirán los parlamentarios sobre el deterioro de la negociación colectiva.
"La gente quiere que se hable de estas cosas y de otras muchas que están relacionadas con lo que le preocupa y espera que los poderes públicos forme parte de la solución y no del problema", destaca la declaración.
El movimiento sindical, especifica el manifiesto, sigue manteniendo que las soluciones que necesita la mayoría de la sociedad requiere un "giro total" en las políticas a seguir que acabe con los recortes y la "austeridad para pobres" impuesta por la Unión Europea y el Gobierno español, seguidas de forma "dócil" por el Ejecutivo canario.
Los sindicatos se preguntan si los parlamentarios pueden convencer a la población de que sus prioridades están centradas en el interés común de las "personas de carne y hueso" de las islas o el cumplimiento de los objetivos que deciden "unos pocos".
"Si el debate queda en un paripé, se habrá dado un paso más para acelerar el deterioro de la legitimidad social de las instituciones y se seguirá profundizando en la crisis de la democracia que afecta a los partidos, las instituciones y a la propia comunidad autónoma", concluye la declaración conjunta sindical.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras Canarias, Juan Jesús Arteaga, ha señalado que el presidente del Gobierno de Canarias -Paulino Rivero- ha querido llegar al debate de la nacionalidad con un acuerdo con la oposición, "que no se ha materializado" y que se presentará al margen de los sindicatos que, a su juicio, serán los "grandes ausentes".
"El debate podría ser una especie de acto autista que está al margen de la calle, un paripé que no sirve para encontrar soluciones que preocupa a la sociedad", ha resaltado Arteaga, quien ha reiterado que los sindicatos no se quedarán "impasibles" y que el primer paso "es estar aquí unidos".
lunes, 25 de marzo de 2013
La mesa negociadora del Acuerdo Marco de Estiba se constituirá el 16 de abril
Diario del Puerto 25/03/2013
Poco a poco parece que se vislumbra algo de luz al final del complejo túnel del acuerdo para las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. Tras el fallido y judicializado IV Acuerdo Marco y después de más de dos años de conversaciones entre patronales y sindicatos, las partes han decidido reunirse formalmente el 16 de abril para constituir la mesa negociadora del nuevo convenio e intentar alcanzar un acuerdo a la mayor brevedad posible.
En la reunión de la Comisión Paritaria de Estiba celebrada el miércoles, con la presencia del sindicato Coordinadora y la patronal ANESCO (recordemos que este es un órgano de interlocución surgido al amparo del IV Acuerdo Marco), se acordó plantear a todos los sindicatos con representatividad en el sector de la estiba (Coordinadora, UGT, CC.OO., CIG…) y a la patronal la convocatoria de una reunión el próximo 16 de abril con el fin de proceder a la constitución de la mesa negociadora para un nuevo acuerdo marco en el sector de la estiba portuaria.
Esta constitución se va a producir más de dos años después de que se iniciaran formalmente las conversiones para poner en marcha este convenio y después de numerosas reuniones para delimitar los temas a tratar y, sobre todo, para evitar sobrepasar los límites que la Justicia fijó en sentencias sucesivas en los procesos abiertos contra el IV Acuerdo Marco, último convenio firmado por la patronal ANESCO, en este caso solamente con los sindicatos Coordinadora, CIG y LAB.
Según fuentes sindicales consultadas, se han logrado identificar los puntos claves a negociar al tiempo que se habrían logrado limar a lo largo de todo este tiempo las diferencias que pudieran surgir en el tema de los ámbitos, al fin y a la postre el nudo gordiano que desató los recursos contra el IV Acuerdo Marco. Por eso, según fuentes consultadas, la previsión es poder llegar a un acuerdo en apenas una semanas.
Dados los antecedentes y con respecto a si estaríamos ante el V Acuerdo Marco, un nuevo IV Acuerdo Marco o un IV Acuerdo Marco modificado, fuentes de Coordinadora señalaron a este Diario que la denominación no va a representar problema alguno para este sindicato en la negociación.
Pierde derecho a negociar el sindicato que es inflexible
ECOLEY
El periodo de consultas se consume
cuando la empresa convoca diversas reuniones y la representación de los
trabajos manifiesta a lo largo de todo el periodo su decisión de no
negociar con la empresa ninguna medida de modificación sustancial de
condiciones de trabajo.
Es la conclusión que alcanza la
Audiencia Nacional en una sentencia de 15 de febrero de 2013. En ella se
resuelve un caso en que los representantes sindicales reclamaban que se
había infringido el contenido del convenio colectivo.
Éste establecía que, en el caso de que
en el periodo de consultas no se alcanzase un acuerdo mayoritario sobre
la necesidad de la modificación, se sometería la cuestión al
procedimiento arbitral. La norma también establecía que en el caso de
que la representación del personal no aceptase el arbitraje, la decisión
de modificación sería ejecutiva por parte de la empresa en los términos
establecidos en el Estatuto de los Trabajadores (ET).
En este supuesto, el magistrado ponente, Manuel Poves Rojas, considera que "ni remotamente" ha sido infringida tal norma del convenio,
ya que fue la empresa quien comunicó al comité que se debería someter
la falta de acuerdo al arbitraje, y la representación de los
trabajadores fue quien manifestó su total oposición al procedimiento
arbitral que quiere abrir la empresa, lo que consta documentalmente.
Así, para el magistrado, la negociación
del periodo de consultas debe ajustarse a las reglas de buena fe, lo que
exige acreditar la concurrencia de propuestas y contrapropuestas, tal y
como mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por eso se
entiende que no se negocia de buena fe cuando la empresa se limita a
exponer su posición, inamovible, de proceder a tramitar el ERE fijando
la indemnización mínima legal.
En este misma línea, el Tribunal considera que la
representación laboral no puede aprovechar las reuniones para solicitar
informaciones maximalistas, sin adelantar ningún tipo de alternativa
que pueda considerarse por la empresa, obligando a suspender el
periodo de negociación. Tampoco puede convocar una asamblea de
trabajadores donde la disyuntiva no sea si se acepta la propuesta
empresarial o se proponen alternativas a la misma, sino si se negocia o
no.
En definitiva, el periodo de consultas
es una manifestación de la negociación colectiva que ha de tratar sobre
las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de
evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para
atenuar sus consecuencias para los trabajadores. Por ello, es exigible
que durante el periodo de consultas las partes negocien de buena fe, con
vistas a la consecución de un acuerdo.
Fomento confia en un futuro acuerdo entre puertos y los trabajadores que implique mejoras salariales
Fuente:PuertosYNavieras
El subsecretario de Estado de Fomento, Mario Garcés, compareció en el Congreso y justificó que la comisión de Hacienda no apoyase el pacto inicial entre empleados y Puertos del Estado
Garcés, y como cuenta Expansión, apeló en la Comisión de Fomento a "la responsabilidad" entre ambas partes para alcanzar un nuevo acuerdo, después de que el primero no superase los trámites de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) por no corresponderse los incrementos de sueldos con las "medidas de contención del gasto público".
Según el subsecretario de Estado, tanto
el Ministerio como el organismo que preside José Llorca están "abiertos a
la negociación", para lo que se ha contactado con los representantes
sindicales para retomar las negociaciones.
Garcés expuso que en los puertos
trabajan unas 100.000 personas de forma directa y cerca de 275.000
indirectamente, y aseguró que se está buscando la eficiencia e
"invirtiendo bien" por parte del Gobierno.
Desde el Grupo Socialista, Antonio Ramón
Trevín reprochó a Garcés que no se haya respetado el primer acuerdo, y
le espetó si la que manda "es Hacienda" y "los demás van al paso de la
oca".
El Gobierno ha aprobado la última pieza que faltaba a la reforma de las jubilaciones y, con ello, el panorama es muy distinto al que estaban acostumbradas las empresas.
Éstas son las 6 claves esenciales que ahora deberá tener en cuenta:
1ª Edad de jubilación: 67 años. Esa será la edad ordinaria de retiro cuando se llegue al
final del calendario por el que se irá incrementando progresivamente la edad de
jubilación. De momento, y para este año 2013, está fijada en 65
años ó 65 años y un mes, según los casos.
2ª Jubilado y sigue trabajando. Ya es posible cobrar una pensión de jubilación y, al mismo tiempo, trabajar por cuenta propia o ajena (hasta ahora estaba totalmente prohibido). El “trabajador-pensionista” cobrará el 50% de la pensión, podrá trabajar a tiempo completo o parcial, y empresa y trabajador sólo cotizarán a la Seguridad Social por IT y contingencias profesionales (aunque tendrán que aportar también al sistema una “cuota de solidaridad” del 8%, que no computa para prestaciones).
2ª Jubilado y sigue trabajando. Ya es posible cobrar una pensión de jubilación y, al mismo tiempo, trabajar por cuenta propia o ajena (hasta ahora estaba totalmente prohibido). El “trabajador-pensionista” cobrará el 50% de la pensión, podrá trabajar a tiempo completo o parcial, y empresa y trabajador sólo cotizarán a la Seguridad Social por IT y contingencias profesionales (aunque tendrán que aportar también al sistema una “cuota de solidaridad” del 8%, que no computa para prestaciones).
3ª Contrato de relevo y jubilación parcial simultánea, una
modalidad en vías de extinción. Hace un tiempo
parecía la fórmula perfecta: un trabajador, próximo a la edad de jubilación,
acuerda con la empresa jubilarse parcialmente, reduciendo algunas horas su
jornada y proporcionalmente su salario, y cobrando la pensión en proporción a
la parte de la jornada que deja de trabajar. En paralelo, la empresa contrata a
un nuevo trabajador mediante un contrato de relevo, al menos por la parte de
jornada que el jubilado parcial ha dejado vacante.
Pues bien, se han ido poniendo tantas trabas a
esta modalidad de jubilación (la puntilla ha sido ahora con la Reforma que
acaba de publicarse el 16 de marzo) que cada vez va a ser más difícil
cumplirlas: el trabajador debe tener una antigüedad de seis años en la
empresa, sólo puede reducir su jornada un máximo del 50%, debe haber cotizado a
la Seguridad Social al menos 33 años, se le exige tener al menos 61 años y dos
meses de edad (pero con un calendario progresivo que en unos años llegará a los
65 años), etc.
4ª Jubilación anticipada involuntaria. Es la que se produce si a un trabajador al que le quedan
como máximo cuatro años para alcanzar la edad de jubilación cesa de trabajar
por alguna causa ajena a su voluntad (despido colectivo, despido objetivo por
causas económicas, por muerte o jubilación del empresario, etc.). A la pensión
de jubilación se le aplicarán coeficientes reductores (pero no
tan altos como si la jubilación anticipada fuera voluntaria) y deberá haber
cotizado al menos 33 años y acreditar haber cobrado la indemnización por
despido o haberlo impugnado (para que no se pueda hacer pasar por una extinción
involuntaria para cobrar una pensión más alta, lo que realmente era una
extinción pactada).
5ª Endurecimiento de la jubilación voluntaria y
prejubilaciones disuasorias. Decidir
jubilarse antes de tiempo será más difícil de alcanzar para el
trabajador, dado el endurecimiento de los requisitos (sólo podrá hacerlo
dos años antes de la edad a la que le correspondería, se le exige haber
cotizado 35 años, etc.). Y también menos atractivo, pues se le
penalizará con coeficientes que mermarán la cuantía de su pensión, por lo que
el trabajador se lo pensará dos veces antes de decidir retirarse antes de
tiempo.
En cuanto a la prejubilación (el concepto
“prejubilación” como tal nunca ha estado en la normativa), se trata de un pacto
voluntario entre la empresa y el trabajador por el que acuerdan que éste se
retire antes de tener derecho a cobrar una pensión y, hasta que llegue ese
momento, la empresa continúa abonándole el porcentaje de su sueldo que hayan
acordado. Durante años éste ha sido un sistema habitual de reestructuración de
plantillas en grandes empresas (por ejemplo, en la banca), y que ahora va a ser
mucho menos atractivo, pues dado que se aleja la edad en la que el trabajador
puede acceder a la jubilación anticipada y además se rebaja la cuantía de la
pensión, se convierte en menos interesante para el trabajador y además mucho
más cara para la empresa.
6ª Vuelta de tuerca a las prejubilaciones en empresas con
beneficios (y a las que los tengan en el futuro). Se conoce como “enmienda Telefónica” porque surgió a partir
de las prejubilaciones masivas en esa empresa, donde se fueron a la calle
cientos de trabajadores que primero iban a cobrar el desempleo y luego
pensiones a cargo del sistema, y mientras tanto Telefónica obtenía beneficios
récord. El Gobierno de entonces reaccionó e impuso que las empresas con
beneficios que hicieran un ERE que afectase a trabajadores de más de 50 años
tuvieran que hacer aportaciones económicas al sistema.
Ahora se mantiene la medida, aunque
las empresas sólo tendrán que asumir ese coste si los trabajadores despedidos
de más de 50 años superan determinados porcentajes en relación a todos los
despidos y también teniendo en cuenta el tamaño de la empresa. Pero también las
empresas con pérdidas tendrán esa obligación si encadenan dos años con
beneficios en un periodo de entre el ejercicio previo al ERE y cuatro
posteriores.
La alta tasa de paro convierte a Canarias en un ´paraíso´ de economía sumergida
Fuente: La Provincia
El 28,7% del PIB canario se maneja en dinero ´b´, según los técnicos del Ministerio de Hacienda. Las ´chapuzas´ y los apartamentos ilegales se escapan del fisco
Julio Gutiérrez
Primero subsistir y después el papeleo o primero comer y después pagar
impuestos. El deterioro de la economía canaria en cinco largos años de
crisis es el caldo de cultivo que explica por qué las Islas son, con un
28,7% de su producto interior bruto (PIB), la segunda comunidad autónoma
española en economía sumergida, según los datos del informe elaborado
en 2009 por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda
(Gestha). Este colectivo prepara un nuevo trabajo que verá la luz el
próximo mes de julio y sobre el que la previsión es que las cifras hayan
aumentado considerablemente.
Los números de Canarias se sitúan por encima de la media nacional, que alcanzó el 23,3% del PIB nacional y multiplicando por más de dos la del conjunto de Europa. Cumplir con el fisco es una cuestión aplazable en una comunidad autónoma que soporta una tasa de paro del 32,96%. "Antes se dejan de pagar impuestos que a un banco o a un proveedro", asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
La agenda de pagos de un español en crisis puede entenderse como lógica y aplicable a cualquier otro ciudadano europeo. Sin embargo, Mollinedo afirma que el fenómeno tiene mayor intensidad en nuestro país que en otros cuyas circunstancias no mejoran en mucho las nuestras. "La caída de la recaudación en el impuesto de sociedades y el IVA no tiene parangón en ningún otro país europeo", explica el secretario general de Gestha.
¿Y por qué esa menor recaudación de esos dos tributos en España? Porque quien, por ejemplo, acude a un domicilio particular a arreglar un grifo prefiere no extender factura y, por tanto, embolsarse en negro la totalidad del dinero. No le va a costar mucho convencer a un cliente que, por lo general, estará encantado de ahorrarse el IGIC.
En la mitad de Europa
El Informe sobre distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España coloca al país en el puesto decimocuarto de la UE de los 27 en economía sumergida con el 19,2% del PIB moviéndose en las alcantarillas de la economía. En cuanto al fraude fiscal, es el decimoseptimo, con un 6% del PIB ocultado a la Hacienda pública y con mejores números que Suecia y Dinamarca.
"Más que de sumergida, yo hablaría de economía irregular", afirma el presidente del CES canario, Fernando Redondo, quien sitúa al exceso de trámites burocráticos que hay que afrontar para regularizar completamente cualquier relación económica como una de las causas del movimiento de dinero en b.
Siguiendo con el informe del CES, coloca al Archipiélago como uno de los territorios del Estado donde mayor peso tenía la construcción, junto a Murcia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Es por tanto una de las regiones que más sufre "los ajustes sobre el empleo y la actividad económica".
Estas relaciones comerciales irregulares cumplen también la labor de enfriar el ánimo del cada vez mayor volumen de desheredados que ni tienen empleo ni perciben ningún tipo de ayuda para matizar su precaria situación.
Claro que el mercado que captan para sus chapuzas y trabajillos diversos se lo restan a otros que religiosamente cumplen con el calendario de liquidación de impuestos. "No hay derecho a soportar una competencia en estos términos" afirma el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña. Aparte de "las empresas que intentan abrir todos los días y son legales", apunta al conjunto de la sociedad como damnificada por el menor volumen de impuestos que se recauda.
Aparte de los trabajos caseros ocasionales, Grisaleña apunta a esos apartamentos que no están dados de alta pero se siguen alquilando y a los talleres de reparación como los nichos de negocio sobre los que la inspección debería estrechar el cerco.
Los números de Canarias se sitúan por encima de la media nacional, que alcanzó el 23,3% del PIB nacional y multiplicando por más de dos la del conjunto de Europa. Cumplir con el fisco es una cuestión aplazable en una comunidad autónoma que soporta una tasa de paro del 32,96%. "Antes se dejan de pagar impuestos que a un banco o a un proveedro", asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
La agenda de pagos de un español en crisis puede entenderse como lógica y aplicable a cualquier otro ciudadano europeo. Sin embargo, Mollinedo afirma que el fenómeno tiene mayor intensidad en nuestro país que en otros cuyas circunstancias no mejoran en mucho las nuestras. "La caída de la recaudación en el impuesto de sociedades y el IVA no tiene parangón en ningún otro país europeo", explica el secretario general de Gestha.
¿Y por qué esa menor recaudación de esos dos tributos en España? Porque quien, por ejemplo, acude a un domicilio particular a arreglar un grifo prefiere no extender factura y, por tanto, embolsarse en negro la totalidad del dinero. No le va a costar mucho convencer a un cliente que, por lo general, estará encantado de ahorrarse el IGIC.
En la mitad de Europa
El Informe sobre distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España coloca al país en el puesto decimocuarto de la UE de los 27 en economía sumergida con el 19,2% del PIB moviéndose en las alcantarillas de la economía. En cuanto al fraude fiscal, es el decimoseptimo, con un 6% del PIB ocultado a la Hacienda pública y con mejores números que Suecia y Dinamarca.
"Más que de sumergida, yo hablaría de economía irregular", afirma el presidente del CES canario, Fernando Redondo, quien sitúa al exceso de trámites burocráticos que hay que afrontar para regularizar completamente cualquier relación económica como una de las causas del movimiento de dinero en b.
Siguiendo con el informe del CES, coloca al Archipiélago como uno de los territorios del Estado donde mayor peso tenía la construcción, junto a Murcia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Es por tanto una de las regiones que más sufre "los ajustes sobre el empleo y la actividad económica".
Estas relaciones comerciales irregulares cumplen también la labor de enfriar el ánimo del cada vez mayor volumen de desheredados que ni tienen empleo ni perciben ningún tipo de ayuda para matizar su precaria situación.
Claro que el mercado que captan para sus chapuzas y trabajillos diversos se lo restan a otros que religiosamente cumplen con el calendario de liquidación de impuestos. "No hay derecho a soportar una competencia en estos términos" afirma el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña. Aparte de "las empresas que intentan abrir todos los días y son legales", apunta al conjunto de la sociedad como damnificada por el menor volumen de impuestos que se recauda.
Aparte de los trabajos caseros ocasionales, Grisaleña apunta a esos apartamentos que no están dados de alta pero se siguen alquilando y a los talleres de reparación como los nichos de negocio sobre los que la inspección debería estrechar el cerco.
Los acontecimientos superan a Rivero
Fuente: La Provincia
Las previsiones de recuperación y creación de empleo se han visto superadas una tras otra por la realidad
R. Acosta Los vaticinios de Paulino Rivero no se han cumplido hasta ahora. Ni los múltiples planes de empleo parea crear 80.000 puestos de trabajo ni la salida de Canarias de la crisis. Ante la evidencia ahora el discurso es el horizonte del año 2020 a través de una serie de medidas y planes estratégicas para preparar a la Canarias después de la recesión. Los acontecimientos han superado una detrás de otro las previsiones esperanzadoras del Ejecutivo regional, que incluso ha llegado a decir que Canarias saldrá antes de la crisis que el resto del Estado. Podrá ser así con las cifras macroeconómicas en la mano, pero la economía real sigue bajo mínimos y la atonía del consumo es determinante.
Buena
parte de la estrategia del Gabinete de Rivero se basa en el sector
turístico tanto por ser la principal locomotora de la economía canaria
como por las posibilidades de creación de empleo y dinamización
económica que ofrece la renovación y rehabilitación de la planta
alojativa más antigua y en peor estado de las Islas. Sin embargo, a día
de hoy aún está por ver los efectos de esta renovación en el mercado
laboral canario.
Cuando Rivero finalizó el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de 2012 escribía en su blog personal: "no podemos tolerar el alto índice de desempleo que arrastramos, porque apostamos por elevar nuestro nivel educativo hasta como mínimo la media europea, porque estamos empeñados en mantener la sanidad canaria entre las mejores, porque queremos seguir atendiendo a los sectores más desprotegidos de la sociedad...". El presidente presumía hace un año que no había subido los impuestos frente a lo que estaban haciendo otras comunidades, sin embargo tres meses después el Ejecutivo no tuvo más remedio que tomar la decisión de incrementar la presión fiscal.
Los acontecimientos han superardo las previsiones de Rivero y su Gobierno. Ahora el horizonte ya no es lo que va a pasar a finales de año, sino dentro de siete años.
Cuando Rivero finalizó el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de 2012 escribía en su blog personal: "no podemos tolerar el alto índice de desempleo que arrastramos, porque apostamos por elevar nuestro nivel educativo hasta como mínimo la media europea, porque estamos empeñados en mantener la sanidad canaria entre las mejores, porque queremos seguir atendiendo a los sectores más desprotegidos de la sociedad...". El presidente presumía hace un año que no había subido los impuestos frente a lo que estaban haciendo otras comunidades, sin embargo tres meses después el Ejecutivo no tuvo más remedio que tomar la decisión de incrementar la presión fiscal.
Los acontecimientos han superardo las previsiones de Rivero y su Gobierno. Ahora el horizonte ya no es lo que va a pasar a finales de año, sino dentro de siete años.
La plantilla de empleados públicos se reduce en 2.200 efectivos desde 2011
Fuente: La Provincia
El mayor ajuste lo sufre el personal sanitario, con una caída de 1.398 plazas en dos años y medio. Los funcionarios de Justicia aumentan ligeramente sus miembros
R. Acosta
La Comunidad Autónoma cuenta con 2.200 empleados públicos menos que hace
dos años y medio. Según las últimas cifras oficiales, en julio de 2011
la plantilla autonómica la componían 62.019 efectivos, cifra que se
redujo a 60.649 en julio de 2012. A enero de este año el número de
empleados que cobran nómina de la Administración autonómica es de
59.819. En esta cantidad figuran todas las categorías existentes entre
los funcionarios y el personal laboral, incluyéndose también los altos
cargos, personal eventual y directivos.
El sector que ha visto reducirse más sus efectivos es el del personal sanitario. En tan solo dos años y medio hay una reducción de 1.398 efectivos, pasando de 25.063 empleados en 2011 a los 23.665 que hay en la actualidad. Esta situación está provocando serios problemas en la organización interna de la sanidad canaria.
Los otros dos colectivos de empleados públicos donde también se ha notado la reducción de plazas son los docentes y el personal adscrito a la Administración General de la Comunidad Autónoma. Los docentes ha visto reducida su plantilla en 470 efectivos y el pasado mes de enero cobraban de las arcas autonómicas 22.102 enseñantes frente a los 22.572 de julio de 2011.
Sobre la misma cantidad de disminución de efectivos se encuentran los empleados públicos de la Administración General. La caída ha sido de 403 efectivos, de 12.133 que había en 2011 a los 11.730 que hay ahora.
El comportamiento ha sido diferente en el personal al servicio de la Administración de Justicia ya que en las cifras oficiales de la Consejería de Presidencia se recogen un incremento de 73 efectivos en este periodo de tiempo. En 2011 había 2.156 empleados y en enero la plantilla era de 2.229.
El descenso en el número de empleados públicos se ha producido por las medidas que se vienen aplicando desde que se inició la crisis. Entre ellas se encuentran la no reposición de las jubilaciones, la extinción de contratos temporales a la finalización del periodo de vigencia, la vacantes que se quedan sin provisión por una causa u otra o la congelación de la oferta de empleo público que se ha producido en los últimos tres años.
Junto con estas causas, el Ejecutivo también ha reducido la estructura de altos cargos y el coste que supone para las arcas autonómicas. En la actualidad el Gobierno canario tiene 26 altos cargos menos que en enero de 2010, mientras que el ahorro en retribuciones se aproxima al 30%.
Estas cifras reflejan el ritmo de caída del empleo público que hay en la Administración autonómica, ya que en la memoria de los presupuestos autonómicos de 2013 figura una plantilla total de 61.227 empleados frente a los 62.943 que se recogen en la ley de presupuestos de 2012. Sin embargo, lo que más llama la atención en la ley de presupuestos es la elevada cifra de vacantes, que se eleva hasta las 5.833 en este año.
Según recoge la memoria de los presupuestos, entre las principales medidas adoptadas para congelar y reducir la plantilla autonómica figuran la congelación de la tasa de reposición, es decir, que las plazas de los empleados públicos que se jubilan o fallecen no se cubren con nuevo personal, lo que está acarreando problemas tanto entre los docentes como en los sanitarios, que son siete de cada diez empleados públicos de toda la Administración autonómica, según las cifras oficiales conocidas recientemente.
El sector que ha visto reducirse más sus efectivos es el del personal sanitario. En tan solo dos años y medio hay una reducción de 1.398 efectivos, pasando de 25.063 empleados en 2011 a los 23.665 que hay en la actualidad. Esta situación está provocando serios problemas en la organización interna de la sanidad canaria.
Los otros dos colectivos de empleados públicos donde también se ha notado la reducción de plazas son los docentes y el personal adscrito a la Administración General de la Comunidad Autónoma. Los docentes ha visto reducida su plantilla en 470 efectivos y el pasado mes de enero cobraban de las arcas autonómicas 22.102 enseñantes frente a los 22.572 de julio de 2011.
Sobre la misma cantidad de disminución de efectivos se encuentran los empleados públicos de la Administración General. La caída ha sido de 403 efectivos, de 12.133 que había en 2011 a los 11.730 que hay ahora.
El comportamiento ha sido diferente en el personal al servicio de la Administración de Justicia ya que en las cifras oficiales de la Consejería de Presidencia se recogen un incremento de 73 efectivos en este periodo de tiempo. En 2011 había 2.156 empleados y en enero la plantilla era de 2.229.
El descenso en el número de empleados públicos se ha producido por las medidas que se vienen aplicando desde que se inició la crisis. Entre ellas se encuentran la no reposición de las jubilaciones, la extinción de contratos temporales a la finalización del periodo de vigencia, la vacantes que se quedan sin provisión por una causa u otra o la congelación de la oferta de empleo público que se ha producido en los últimos tres años.
Junto con estas causas, el Ejecutivo también ha reducido la estructura de altos cargos y el coste que supone para las arcas autonómicas. En la actualidad el Gobierno canario tiene 26 altos cargos menos que en enero de 2010, mientras que el ahorro en retribuciones se aproxima al 30%.
Estas cifras reflejan el ritmo de caída del empleo público que hay en la Administración autonómica, ya que en la memoria de los presupuestos autonómicos de 2013 figura una plantilla total de 61.227 empleados frente a los 62.943 que se recogen en la ley de presupuestos de 2012. Sin embargo, lo que más llama la atención en la ley de presupuestos es la elevada cifra de vacantes, que se eleva hasta las 5.833 en este año.
Según recoge la memoria de los presupuestos, entre las principales medidas adoptadas para congelar y reducir la plantilla autonómica figuran la congelación de la tasa de reposición, es decir, que las plazas de los empleados públicos que se jubilan o fallecen no se cubren con nuevo personal, lo que está acarreando problemas tanto entre los docentes como en los sanitarios, que son siete de cada diez empleados públicos de toda la Administración autonómica, según las cifras oficiales conocidas recientemente.
Las Palmas soporta la mayor tasa de despidos y desahucios
Fuente: Canarias7
Las Palmas soportó en 2012 las mayores tasas de despidos y desahucios del país: 5.427 despidos y 3.796 desahucios, lo que en términos relativos deriva en los porcentajes más altos del país en ambos indicadores. Entre 2011 y 2012, los despidos aumentaron en las Islas un 24,8%.
La provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) sufrió durante el pasado año 2012 el mayor índice relativo de despidos del país, según se desprende del análisis de los datos facilitados ayer por el Consejo General del Poder Judicial sobre la incidencia de la crisis en los órganos judiciales españoles.
Los órganos judiciales de la jurisdicción social de Las Palmas incoaron durante el pasado año un total de 5.427 procesos por despido, la sexta cifra más alta en términos absolutos en todas las provincias españolas y la primera en términos relativos a su población, pues comparándola con los últimos datos del censo (1.096.980 habitantes en 2011) arroja una tasa del 0,5%. Ninguna otra provincia española alcanza este porcentaje.
En términos absolutos, Las Palmas fue el año pasado la sexta provincia en número de despidos (5.427), sólo superada por Madrid (primer puesto con 24.092 casos), Barcelona (21.000), Valencia (9.704) y Almería (5.491).
Las Palmas soportó en 2012 las mayores tasas de despidos y desahucios del país: 5.427 despidos y 3.796 desahucios, lo que en términos relativos deriva en los porcentajes más altos del país en ambos indicadores. Entre 2011 y 2012, los despidos aumentaron en las Islas un 24,8%.
La provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) sufrió durante el pasado año 2012 el mayor índice relativo de despidos del país, según se desprende del análisis de los datos facilitados ayer por el Consejo General del Poder Judicial sobre la incidencia de la crisis en los órganos judiciales españoles.
Los órganos judiciales de la jurisdicción social de Las Palmas incoaron durante el pasado año un total de 5.427 procesos por despido, la sexta cifra más alta en términos absolutos en todas las provincias españolas y la primera en términos relativos a su población, pues comparándola con los últimos datos del censo (1.096.980 habitantes en 2011) arroja una tasa del 0,5%. Ninguna otra provincia española alcanza este porcentaje.
En términos absolutos, Las Palmas fue el año pasado la sexta provincia en número de despidos (5.427), sólo superada por Madrid (primer puesto con 24.092 casos), Barcelona (21.000), Valencia (9.704) y Almería (5.491).
viernes, 22 de marzo de 2013
La manifestación contra los recortes en Telde reúne unas 600 personas
Fuente: La Provincia
Amparo R. Montero
La manifestación convocada por la Plataforma Telde Responde contra los
recortes arrancó desde el Parque Franchy Roca pasadas las siete y media
de la tarde con unos 400 asistentes, que recorrieron las calles del
municipio hasta la Plaza de San Juan, donde según la Policía Local, se
congregaron unas 200 personas.
Una protesta entre la que se encontraban sindicalistas, así como políticos, miembros de la Asociación de Afectados por la Privatización de las Escuelas Infantiles, educadoras y dirigentes vecinales.
Abrieron filas dos grandes pancartas contra los recortes y la privatización de los servicios públicos, que al son de gritos de desacuerdo llegaron a la Plaza de San Juan, donde se procedió a la lectura de un manifiesto.
Una protesta entre la que se encontraban sindicalistas, así como políticos, miembros de la Asociación de Afectados por la Privatización de las Escuelas Infantiles, educadoras y dirigentes vecinales.
Abrieron filas dos grandes pancartas contra los recortes y la privatización de los servicios públicos, que al son de gritos de desacuerdo llegaron a la Plaza de San Juan, donde se procedió a la lectura de un manifiesto.
Los trabajadores del Puerto se movilizan contra el Estado para exigir su convenio
Fuente: La Provincia
A. O. Más de medio centenar de trabajadores de la Autoridad Portuaria se manifestaron ayer en la sede de la institución, en La Luz, para exigir el visto bueno del que sería su tercer convenio colectivo. El personal del Puerto realizó un paro que fue convocado dentro del calendario de movilizaciones a nivel nacional que impulsan los sindicatos UGT, CC OO y CIG. En Las Palmas también se sumaron a la iniciativa SPPP y FSOC. El actual convenio, que expiró en diciembre de 2012, está ahora prorrogado. El Ministerio de Hacienda frenó la firma de un nuevo documento, presentado ante Fomento, que afecta a unos 500 trabajadores en Canarias.
Spínola busca fórmulas para suprimir ya la reducción salarial a los interinos
Fuente: La Provincia
La revocación de la medida que entró en vigor en enero estará hoy sobre la mesa del Consejo de Gobierno
R. Acosta
La reducción del 20% de la jornada y salario de los empleados públicos
de la Comunidad Autónoma tiene los días contados. La Consejería de
Presidencia y Justicia está acelerando las gestiones para revocar la
decisión adoptada el pasado año y que entró en vigor el 1 de enero en
los presupuestos autonómicos de 2013. De hecho, este periódico ha podido
saber de fuentes cercanas al Ejecutivo y de los sindicatos que el
departamento que dirige Francisco Hernández Spínola está barajando
llevar la medida al Consejo de Gobierno de hoy o en las próximas semanas
para que entre en vigor en abril o mayo.
El propio consejero de Presidencia ha sido el encargado de lanzar esta iniciativa. En el último pleno del Parlamento contestó a una pregunta del PP y ya apuntó que en este mismo ejercicio los empleados públicos recuperarían su poder adquisitivo. El pasado lunes, en una conferencia en el Club LA PROVINCIA, Spínola volvió a pronunciarse y advirtió que se revocará la medida desde que sea posible.
Uno de los principales motivos que empujan al Ejecutivo a dar marcha atrás es el jurídico. El Gobierno ha reconocido que ha "forzado" la ley para aplicar la medida y los recursos ante los tribunales por parte de los sindicatos y de los empleados públicos afectados pueden dejar a la Comunidad Autónoma en su serio aprieto. El conflicto colectivo planteado por el Gobierno para desactivar los recursos individuales también tiene todos los visos de ser desestimado por la Justicia. A este escenario se une el riesgo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra de la Comunidad Autónoma ante un recurso que plantee el Defensor del Pueblo.
Las razones económicas se encuentran también en el trasfondo de la decisión que tiene ultimada la Consejería de Presidencia. Las previsiones iniciales apuntaban a un ahorro para las arcas públicas de unos 15 millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda ya ha elaborado un informe por encargo de Presidencia para justificar la revocación de la medida ya que la repercusión sobre las cuentas públicas es escasa y hay alternativas para cubrir esta cantidad, entre ellas los recursos procedentes del Fondo de Liquidez, que acaba de solicitarse por el Ejecutivo por segundo año consecutivo.
La medida del Gobierno canario se recoge en los presupuestos de 2013 y afecta a 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma entre personal laboral temporal, indefinido por sentencia y funcionarios interinos. Cerca de un millar de estos trabajadores tiene una reducción de la jornada y del salario del 10% porque se trata de empleados a tiempo parcial, sobre todo los vigilantes de comedor.
Desde que se aprobaron los presupuestos los sindicatos y los trabajadores afectados no han parado de convocar movilizaciones y demandas ante la Justicia. De hecho, cada trabajador presentó un recurso, por lo que el Gobierno decidió interponer un conflicto colectivo. Según fuentes sindicales, los cuatro sindicatos que forman parte de la Mesa de Función Pública y el presidente y secretario del comité intercentros han sido llamados a declarar por este conflicto el próximo 8 de abril. Asimismo, los sindicatos han presentado un preaviso de huelga para el 15 de abril.
Los 3.300 empleados públicos afectados por la reducción del sueldo y los horarios pierden hasta 320 euros al mes. Atendiendo a las tablas salariales, un laboral del Grupo 5, con una retribución básica mensual estimada de 871 euros brutos pierde 174 euros en su nómina. En el caso de un empleado del Grupo 1, el recorte es de unos 320 euros sobre un sueldo de 1.595. En el caso de los funcionarios, el ajuste en lo que cobran oscila entre los 110 euros de un trabajador del Grupo E (cuya nómina bruta es de 550 euros mensuales) y los 221 que corresponden a uno del Grupo A (1.109 euros de retribución).
El propio consejero de Presidencia ha sido el encargado de lanzar esta iniciativa. En el último pleno del Parlamento contestó a una pregunta del PP y ya apuntó que en este mismo ejercicio los empleados públicos recuperarían su poder adquisitivo. El pasado lunes, en una conferencia en el Club LA PROVINCIA, Spínola volvió a pronunciarse y advirtió que se revocará la medida desde que sea posible.
Uno de los principales motivos que empujan al Ejecutivo a dar marcha atrás es el jurídico. El Gobierno ha reconocido que ha "forzado" la ley para aplicar la medida y los recursos ante los tribunales por parte de los sindicatos y de los empleados públicos afectados pueden dejar a la Comunidad Autónoma en su serio aprieto. El conflicto colectivo planteado por el Gobierno para desactivar los recursos individuales también tiene todos los visos de ser desestimado por la Justicia. A este escenario se une el riesgo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra de la Comunidad Autónoma ante un recurso que plantee el Defensor del Pueblo.
Las razones económicas se encuentran también en el trasfondo de la decisión que tiene ultimada la Consejería de Presidencia. Las previsiones iniciales apuntaban a un ahorro para las arcas públicas de unos 15 millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda ya ha elaborado un informe por encargo de Presidencia para justificar la revocación de la medida ya que la repercusión sobre las cuentas públicas es escasa y hay alternativas para cubrir esta cantidad, entre ellas los recursos procedentes del Fondo de Liquidez, que acaba de solicitarse por el Ejecutivo por segundo año consecutivo.
La medida del Gobierno canario se recoge en los presupuestos de 2013 y afecta a 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma entre personal laboral temporal, indefinido por sentencia y funcionarios interinos. Cerca de un millar de estos trabajadores tiene una reducción de la jornada y del salario del 10% porque se trata de empleados a tiempo parcial, sobre todo los vigilantes de comedor.
Desde que se aprobaron los presupuestos los sindicatos y los trabajadores afectados no han parado de convocar movilizaciones y demandas ante la Justicia. De hecho, cada trabajador presentó un recurso, por lo que el Gobierno decidió interponer un conflicto colectivo. Según fuentes sindicales, los cuatro sindicatos que forman parte de la Mesa de Función Pública y el presidente y secretario del comité intercentros han sido llamados a declarar por este conflicto el próximo 8 de abril. Asimismo, los sindicatos han presentado un preaviso de huelga para el 15 de abril.
Los 3.300 empleados públicos afectados por la reducción del sueldo y los horarios pierden hasta 320 euros al mes. Atendiendo a las tablas salariales, un laboral del Grupo 5, con una retribución básica mensual estimada de 871 euros brutos pierde 174 euros en su nómina. En el caso de un empleado del Grupo 1, el recorte es de unos 320 euros sobre un sueldo de 1.595. En el caso de los funcionarios, el ajuste en lo que cobran oscila entre los 110 euros de un trabajador del Grupo E (cuya nómina bruta es de 550 euros mensuales) y los 221 que corresponden a uno del Grupo A (1.109 euros de retribución).
Sin acuerdo aún entre CaixaBank y los sindicatos
Fuente: Canarias7
CaixaBank y los sindicatos han acercado este jueves posiciones sobre cómo llevar a cabo el ajuste de plantilla de 3.002 personas que el banco quiere aplicar en toda España, aunque la tercera de las reuniones negociadoras que han mantenido en Barcelona ha finalizado sin acuerdo.
Ambas partes quieren acelerar el proceso para cerrarlo antes del 1 de abril, por lo que hoy han celebrado dos encuentros para tratar de llegar a un acuerdo sobre el ERE.
En la primera de ellas, CaixaBank ha presentado sus propuestas a los sindicatos, quienes, por la tarde, han planteado a la dirección un conjunto de medidas, como prejubilaciones y bajas y excedencias incentivadas, para acometer el ajuste la plantilla sin despidos.
Las propuestas de una y otra parte están muy próximas y son incluso coincidentes en algunos aspectos, por lo que todo indica que el acuerdo es inminente, han señalado fuentes sindicales.
Tras recibir la propuesta conjunta de los sindicatos CCOO, SECPB y UGT, la dirección de CaixaBank se ha comprometido a estudiarla y dar una respuesta.
Finalmente, tras cuatro horas de reunión y un largo receso, la dirección ha decidido posponer a mañana por la mañana la reunión de la mesa negociadora.
Los sindicatos han celebrado que CaixaBank haya decidido mejorar las indemnizaciones por prejubilaciones y bajas voluntarias y retirar los 743 despidos en Banca Cívica, a la vez que han advertido que no aceptarán ninguna salida forzosa de la entidad.
Dirección y sindicatos iniciaron ayer el período de negociación del ERE con la voluntad de alcanzar un acuerdo antes del 1 de abril y evitar así la aplicación de la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo la pasada semana en materia de jubilaciones y prejubilaciones.
CaixaBank y los sindicatos han acercado este jueves posiciones sobre cómo llevar a cabo el ajuste de plantilla de 3.002 personas que el banco quiere aplicar en toda España, aunque la tercera de las reuniones negociadoras que han mantenido en Barcelona ha finalizado sin acuerdo.
Ambas partes quieren acelerar el proceso para cerrarlo antes del 1 de abril, por lo que hoy han celebrado dos encuentros para tratar de llegar a un acuerdo sobre el ERE.
En la primera de ellas, CaixaBank ha presentado sus propuestas a los sindicatos, quienes, por la tarde, han planteado a la dirección un conjunto de medidas, como prejubilaciones y bajas y excedencias incentivadas, para acometer el ajuste la plantilla sin despidos.
Las propuestas de una y otra parte están muy próximas y son incluso coincidentes en algunos aspectos, por lo que todo indica que el acuerdo es inminente, han señalado fuentes sindicales.
Tras recibir la propuesta conjunta de los sindicatos CCOO, SECPB y UGT, la dirección de CaixaBank se ha comprometido a estudiarla y dar una respuesta.
Finalmente, tras cuatro horas de reunión y un largo receso, la dirección ha decidido posponer a mañana por la mañana la reunión de la mesa negociadora.
Los sindicatos han celebrado que CaixaBank haya decidido mejorar las indemnizaciones por prejubilaciones y bajas voluntarias y retirar los 743 despidos en Banca Cívica, a la vez que han advertido que no aceptarán ninguna salida forzosa de la entidad.
Dirección y sindicatos iniciaron ayer el período de negociación del ERE con la voluntad de alcanzar un acuerdo antes del 1 de abril y evitar así la aplicación de la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo la pasada semana en materia de jubilaciones y prejubilaciones.
jueves, 21 de marzo de 2013
Los trabajadores de las autoridades portuarias españolas mantienen sus movilizaciones
Diario del Puerto 21/03/2013
Los trabajadores de las Autoridades portuarias españolas secundaron en la jornada de ayer una nueva concentración, a la “hora del bocadillo”, cumpliendo así el plan de movilizaciones previsto en defensa del convenio colectivo de AA.PP. Además, el citado calendario prevé tres jornadas consecutivas de encierros de cuadros sindicales y plantillas en las autoridades portuarias los días 10, 11 y 12 de abril.
También se han previsto paros de dos horas mañana mismo en las autoridades portuarias de Algeciras, Málaga, Alicante, Pasajes, Ferrol, Tenerife, Ceuta, Baleares y Vilagarcía. El 4 de abril los paros tendrán lugar en Barcelona, Castellón, Cartagena, Motril, Cádiz, Huelva, Avilés, Gijón, Bilbao y Vigo.
En el caso de Valencia, Tarragona, Almería, Sevilla, Santander, A Coruña, Las Palmas, Melilla y Marín, así como en Puertos del Estado, el paro de dos horas se celebró el pasado 14 de marzo. En la imagen superior, los trabajadores de la AP de Alicante, en su concentración de ayer a la hora del almuerzo.
Los ricos ganan siete veces más que los pobres desde la crisis
La crisis económica ha provocado un aumento de la desigualdad entre españoles, de manera que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas se ha incrementado un 30 % desde 2006, según el último informe de Cáritas "Desigualdad y Derechos Sociales".
Desde 2006, los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5 % en términos reales cada año, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población.
Esto ha provocado un incremento del 30 % entre la distancia que separa a las rentas más altas y las más bajas, de manera que en España los más ricos ganan siete veces más que los más pobres.
Se trata de los indicadores de desigualdad "más altos" de la Unión Europea, según el informe de Cáritas, que alerta del riesgo de "fragmentación social".
miércoles, 20 de marzo de 2013
Los bomberos cumplen cuatro meses de huelga
Fuente: CanariasAhora
Los trabajadores denuncian que sigue sin haber acercamiento por parte del Cabildo.
Los bomberos de Gran Canaria han denunciado este martes que, tras cuatro meses de huelga, "sigue sin haber acercamiento por parte de quienes tutelan el servicio de emergencias insular" y que las posturas están incluso "más alejadas" que al principio.
Los trabajadores recuerdan que la huelga tiene sus causas en la falta de personal, en la "pésima gestión" del servicio que lleva a cabo el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y en los problemas de operatividad.
Respecto a la falta de personal, los bomberos denuncian que el Cabildo sigue sin atender sus peticiones de finalizar el proceso selectivo que debió acabar en 2010 y que "ya es insuficiente aun finalizándolo". En estos momentos, "el proceso está casi parad y ya acecha el verano, donde se paraliza todo, por lo que la situación ya no se prevé se resuelva este año y mucho menos convocar nuevamente oposiciones para cubrir el 100% de la RPT (Relación de Puestos de trabajo), quedando con 226 bomberos frente a los 203 que habrá cuando termine el proceso selectivo actual".
En relación a la gestión económica, los bomberos subrayan que la corporación dirigida por Bravo de Laguna "se salta un año más todas las leyes y aprueba unos presupuestos sin la previa negociación y acuerdo con la parte social y sindicatos". Los sindicatos mayoritarios CCOO y CSIF estudian emprender acciones legales por este motivo. "Si finalmente prospera la denuncia, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria tendrá graves problemas de solvencia porque no podrá ejecutar los presupuestos acordados para el año 2013, por lo que es una irresponsabilidad política el hecho de que no se negociaran con los sindicatos y se expusieran a tal situación, una prueba más de la forma de hacer política de la presidenta del Consorcio, María del Mar Arevalo, dejando aún más a la deriva la entidad por su irresponsable gestión"
Por último, los bomberos insisten en la falta de personal y en el "nulo compromiso" de los máximos responsables del área operativa en crear una jefatura de guardia que vele por el servicio las 24 horas del día los 365 días del año, lo que, "sumado a la falta de protocolos de actuación", hace que cada día se den "gran cantidad de problemas que solo son resueltos por la buena voluntad y profesionalidad de los bomberos y cabos del servicio". Como prueba de ello, los bomberos ponen el ejemplo del temporal que tuvo lugar a principio de marzo, cuando se dieron situaciones "como las de no haber previsto reforzar los parques, no contar con avituallamiento para las intervenciones ni con cabos en todos los turnos".
Añaden que incluso hubo parques como el de Arinaga en el que trabajaron seis bomberos sin mando y tuvieron más de una veintena de intervenciones en las cuales "estuvieron más de 17 horas continuas trabajando y en ningún caso se les llevó comida ni se preocuparon por el estado de la situación de esos profesionales".
Punto de Vista: Las SAGEP, una fórmula de éxito
Diario del Puerto 20/03/2013
Javier Sánchez-Simón, expresidente de la AP de Las Palmas.
No estoy de acuerdo con que la legislación española suponga cortapisas a la libertad de establecimiento de empresas estibadoras en nuestros puertos.
En mi opinión, la legislación objeto de Dictamen motivado dictado por la Unión Europea puede que sea mejorable, pero creo que no se le puede achacar que aboca a la falta de competencia en el sector.
Aún así, cabe recordar el origen de las SAGEP y algunas de sus peculiaridades.
El régimen de las SAGEP fue propuesto desde las propias sociedades de estiba para solventar carencias que ellas tenían. Es una fórmula de privatización del servicio de estiba que compatibiliza los derechos de los trabajadores con la flexibilidad para permitir la concurrencia de nuevas empresas y que mantiene un sistema racional de abastecimiento.
Uno de los principales avances que trajeron las SAGEP fue la desvinculación de la obtención de la licencia como empresa estibadora con la de concesión de espacio portuario para operar. De esta manera, las sociedades de estiba de hoy, las SAGEP, se rigen por el principio de la libre concurrencia, cualquier empresa puede solicitar la licencia para ser estibadora de un puerto, aunque no tenga un espacio reservado para trabajar.
Existe incluso en la Ley española la posibilidad de la autoprestación del servicio de estiba a través de una licencia que pueden solicitar las navieras, tendrá después que analizar cada compañía si este procedimiento le supone algún ahorro o más bien lo contrario. Pero la posibilidad está recogida en la Ley.
Además, desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 2010, hay actividades que anteriormente se consideraban específicas que ya no lo son, así la norma ya no obliga a que sean estibadores registrados en las SAGEP quienes las desarrollen, por lo que, a través de esta vía, se eliminan las restricciones que antes pudiera haber y se abre el puerto a otras empresas.
Quienes hemos trabajado en un puerto ya en la era de las SAGEP, especialmente si se ha hecho, como es mi caso, en uno tan polivalente como el de Las Palmas, en el que conviven numerosas actividades y muchas más navieras que estibadoras, hemos podido comprobar el éxito de la fórmula que proponen estas nuevas sociedades. Los puertos en mayor o menor medida modifican con el tiempo sus especializaciones. Las SAGEP que funcionan con el consenso entre trabajadores y empresas, sin ánimo de lucro, y con la tutela del Estado, han garantizado el desarrollo de los puertos posibilitando la adaptación de los mismos a las nuevas circunstancias. Las cifras avalan esta tesis.
La formación, otro de los caballos de batalla del Dictamen motivado, también está garantizada en las SAGEP, una sociedad con trabajadores absolutamente especializados en lo que requiere en cada momento el puerto en el que está inserta, mediante un sistema de formación continua, ágil, eficiente y rentable que no podría permitirse otro tipo de empresas.
El sistema de las SAGEP pretende compatibilizar, a mi juicio, tres intereses. En primer lugar, el del operador privado que quiere disponer del servicio más eficaz al menor coste, en el que se reduce sustancialmente sus necesidades de inversión al desvincularse la necesidad de obtención de una concesión administrativa con la obtención de la licencia de estibadora.
En segundo lugar, el interés de los trabajadores de mantener un sistema de vinculación mediante la existencia de una plantilla mínima en las empresas estibadoras, con la existencia de una empresa especializada de cesión de personal, que por otra parte no excluye la presencia en los puertos de Empresas de Trabajo Temporal, para cubrir demandas cuando no son suficientes los trabajadores de la SAGEP, garantizándose un mínimo de estabilidad en un personal con unos requerimientos singulares de formación y especialización, así como la exigencia de la responsabilidad del socio de la SAGEP por las deudas sociales.
Y, finalmente, los intereses públicos de defensa del interés común mediante la presencia en el Consejo de Administración de la SAGEP de un representante de las Autoridades Portuarias con un derecho de veto singular y suspensivo de los acuerdos sociales, que debe garantizar la protección del bien común.
De esta manera, los intereses están claramente protegidos: la responsabilidad de las empresas, la implicación de las mismas conservando un mínimo equilibrio, la protección institucional. Cuestión distinta será la actitud de cada uno de los agentes, el desarrollo que se haga en cada Autoridad Portuaria, pero creo que el mecanismo puede ser eficaz, transparente y competitivo si así se desea, y desde luego, es abierto, claramente abierto, a nuevos operadores.
Javier Sánchez-Simón, expresidente de la AP de Las Palmas.
No estoy de acuerdo con que la legislación española suponga cortapisas a la libertad de establecimiento de empresas estibadoras en nuestros puertos.
En mi opinión, la legislación objeto de Dictamen motivado dictado por la Unión Europea puede que sea mejorable, pero creo que no se le puede achacar que aboca a la falta de competencia en el sector.
Aún así, cabe recordar el origen de las SAGEP y algunas de sus peculiaridades.
El régimen de las SAGEP fue propuesto desde las propias sociedades de estiba para solventar carencias que ellas tenían. Es una fórmula de privatización del servicio de estiba que compatibiliza los derechos de los trabajadores con la flexibilidad para permitir la concurrencia de nuevas empresas y que mantiene un sistema racional de abastecimiento.
Uno de los principales avances que trajeron las SAGEP fue la desvinculación de la obtención de la licencia como empresa estibadora con la de concesión de espacio portuario para operar. De esta manera, las sociedades de estiba de hoy, las SAGEP, se rigen por el principio de la libre concurrencia, cualquier empresa puede solicitar la licencia para ser estibadora de un puerto, aunque no tenga un espacio reservado para trabajar.
Existe incluso en la Ley española la posibilidad de la autoprestación del servicio de estiba a través de una licencia que pueden solicitar las navieras, tendrá después que analizar cada compañía si este procedimiento le supone algún ahorro o más bien lo contrario. Pero la posibilidad está recogida en la Ley.
Además, desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 2010, hay actividades que anteriormente se consideraban específicas que ya no lo son, así la norma ya no obliga a que sean estibadores registrados en las SAGEP quienes las desarrollen, por lo que, a través de esta vía, se eliminan las restricciones que antes pudiera haber y se abre el puerto a otras empresas.
Quienes hemos trabajado en un puerto ya en la era de las SAGEP, especialmente si se ha hecho, como es mi caso, en uno tan polivalente como el de Las Palmas, en el que conviven numerosas actividades y muchas más navieras que estibadoras, hemos podido comprobar el éxito de la fórmula que proponen estas nuevas sociedades. Los puertos en mayor o menor medida modifican con el tiempo sus especializaciones. Las SAGEP que funcionan con el consenso entre trabajadores y empresas, sin ánimo de lucro, y con la tutela del Estado, han garantizado el desarrollo de los puertos posibilitando la adaptación de los mismos a las nuevas circunstancias. Las cifras avalan esta tesis.
La formación, otro de los caballos de batalla del Dictamen motivado, también está garantizada en las SAGEP, una sociedad con trabajadores absolutamente especializados en lo que requiere en cada momento el puerto en el que está inserta, mediante un sistema de formación continua, ágil, eficiente y rentable que no podría permitirse otro tipo de empresas.
El sistema de las SAGEP pretende compatibilizar, a mi juicio, tres intereses. En primer lugar, el del operador privado que quiere disponer del servicio más eficaz al menor coste, en el que se reduce sustancialmente sus necesidades de inversión al desvincularse la necesidad de obtención de una concesión administrativa con la obtención de la licencia de estibadora.
En segundo lugar, el interés de los trabajadores de mantener un sistema de vinculación mediante la existencia de una plantilla mínima en las empresas estibadoras, con la existencia de una empresa especializada de cesión de personal, que por otra parte no excluye la presencia en los puertos de Empresas de Trabajo Temporal, para cubrir demandas cuando no son suficientes los trabajadores de la SAGEP, garantizándose un mínimo de estabilidad en un personal con unos requerimientos singulares de formación y especialización, así como la exigencia de la responsabilidad del socio de la SAGEP por las deudas sociales.
Y, finalmente, los intereses públicos de defensa del interés común mediante la presencia en el Consejo de Administración de la SAGEP de un representante de las Autoridades Portuarias con un derecho de veto singular y suspensivo de los acuerdos sociales, que debe garantizar la protección del bien común.
De esta manera, los intereses están claramente protegidos: la responsabilidad de las empresas, la implicación de las mismas conservando un mínimo equilibrio, la protección institucional. Cuestión distinta será la actitud de cada uno de los agentes, el desarrollo que se haga en cada Autoridad Portuaria, pero creo que el mecanismo puede ser eficaz, transparente y competitivo si así se desea, y desde luego, es abierto, claramente abierto, a nuevos operadores.
El Gobierno de Canarias ofrece "diálogo" a los consorcios de emergencias
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero, que hizo estas declaraciones después de reunirse con
los representantes de los tres consorcios, en un encuentro en el que
también estuvo presente el director general de Seguridad y Emergencias,
Juan Manuel Santana, negó que la existencia de los consorcios tenga que
"depender" de la aportación autonómica "cuando es un sistema que tiene
que ser asumido por las instituciones que son competentes".
Según Ortiz, el Gobierno de Canarias, en un momento de "bonanza económica" decidió apoyar el desarrollo de los consorcios como la "mejor fórmula" para que cada una de ellas tuviera asegurada la respuesta más adecuada en situaciones de emergencias en las que podían actuar, incendios urbanos y rescates.
Tras realizar esa función, señaló que "en estos momentos, debe preocuparse también por la adecuada financiación y gestión de sus propias competencias en materia de seguridad y emergencias, fortaleciéndolas para dar también un mayor y mejor servicio a los canarios de todas las islas, no sólo de tres".
"No podemos trabajar en un modelo integral de seguridad y de atención a las emergencias en Canarias destinando la mayoría de los recursos a estos tres consorcios", afirmó.
Entre los objetivos del Gobierno se encuentra también la implantación de un nuevo programa de gestión de incidentes y de gestión de las emergencias, manteniendo el número mínimo de efectivos necesarios en el CECOES 1-1-2.
Para lograr el éxito de estas acciones, "el Gobierno no puede menoscabar el esfuerzo realizado y poner en riesgo su continuidad en un momento en el que no existen suficientes fondos económicos para atender todas y cada una de las necesidades que otras administraciones demandan", concluyó.
El Gobierno de Canarias, a través de su
consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha
trasladado a los representantes de los consorcios de Tenerife, Gran
Canaria y Lanzarote, su voluntad de "diálogo y negociación" para
articular un modelo efectivo de atención insular de las emergencias que
incluya a todas las islas, una vez que el Ejecutivo abandone la
estructura consorcial de estos tres entes.
Según Ortiz, el Gobierno de Canarias, en un momento de "bonanza económica" decidió apoyar el desarrollo de los consorcios como la "mejor fórmula" para que cada una de ellas tuviera asegurada la respuesta más adecuada en situaciones de emergencias en las que podían actuar, incendios urbanos y rescates.
Tras realizar esa función, señaló que "en estos momentos, debe preocuparse también por la adecuada financiación y gestión de sus propias competencias en materia de seguridad y emergencias, fortaleciéndolas para dar también un mayor y mejor servicio a los canarios de todas las islas, no sólo de tres".
"No podemos trabajar en un modelo integral de seguridad y de atención a las emergencias en Canarias destinando la mayoría de los recursos a estos tres consorcios", afirmó.
APLICACIONES
Las competencias autonómicas de planificación y coordinación que ostenta el Gobierno obligan también a disponer de los fondos necesarios para su buen funcionamiento. Es el caso de las aplicaciones de carácter corporativo como SIGESCA, fundamental para que las policías locales trabajen con información y metodología común o de plataformas tecnológicas como el Plan_Em, a través de la cual se apoya a las Administraciones locales en la redacción de los planes de protección civil municipales.Entre los objetivos del Gobierno se encuentra también la implantación de un nuevo programa de gestión de incidentes y de gestión de las emergencias, manteniendo el número mínimo de efectivos necesarios en el CECOES 1-1-2.
Para lograr el éxito de estas acciones, "el Gobierno no puede menoscabar el esfuerzo realizado y poner en riesgo su continuidad en un momento en el que no existen suficientes fondos económicos para atender todas y cada una de las necesidades que otras administraciones demandan", concluyó.
58 sucursales bancarias cerraron en Canarias en 2012
Fuente: Canarias7
Las entidades financieras cerraron el año pasado en Canarias 58 oficinas, con lo que la red bancaria del archipiélago terminó el año con 1.242 sucursales, según los últimos datos publicados hoy por el Banco de España.
En el conjunto de España, los bancos contaban a finales de 2012 con 38.142 sucursales en España, 1.961 menos que las 40.103 registradas al cierre de 2011 (el 4,89 % menos).
Si los datos se comparan con el cierre de 2010, el número de oficinas de la banca en España se ha reducido en 5.022 sucursales, lo que supone el 11,6 % menos.
La reducción del número de oficinas de la banca se ha visto impulsada en los últimos meses por el proceso de reestructuración que está llevando a cabo el sector financiero español, que ha reducido el número de entidades a menos de una veintena.
Antes de la crisis financiera, España era uno de los países más "bancarizados" del mundo con aproximadamente una sucursal por cada 100.000 personas.
Después de años de una amplia expansión de la red, la reducción de sucursales comenzó en el cuarto trimestre de 2008 y no ha cesado hasta ahora.
Por comunidades autónomas, Cataluña ha sido donde más sucursales se han reducido en el último año, 506, hasta situarse en 6.211; seguido de la Comunidad Valenciana, donde las entidades financieras cerraron 284 sucursales, hasta cerrar el año en 4.092.
En el caso de Madrid, a cierre de 2012 había 255 oficinas menos, hasta las 4.960; mientras que en Andalucía se han reducido en 218, hasta las 5.959; al igual que en Galicia, donde se registraron 132 menos, hasta las 2.019.
Según los mismos datos del Banco de España publicados hoy, en Aragón se han reducido 108 sucursales bancarias, hasta las 1.510; en el País Vasco, 92, hasta las 1.798; en Castilla y León, 75, hasta las 2.701 y en Murcia, 67, hasta las 1.104.
También en las Islas Baleares se han cerrado 67 sucursales, hasta las 1.084; mientras que en Navarra se han reducido 61 oficinas, hasta las 617; en Canarias, 58, hasta las 1.242 y Asturias, 24, hasta las 879.
En La Rioja y en Extremadura se han cerrado 21 oficinas, hasta las 426 y las 1.128, respectivamente.
Cantabria, con 11 menos (hasta quedar en 475) y Ceuta y Melilla, con 2 (hasta 41), han sido las comunidades donde menos oficinas de la banca se han cerrado.
La única comunidad en la que ha aumentado el número de oficinas ha sido Castilla-La Mancha, donde se han abierto 41 sucursales bancarias, hasta las 1.896.
Las entidades financieras cerraron el año pasado en Canarias 58 oficinas, con lo que la red bancaria del archipiélago terminó el año con 1.242 sucursales, según los últimos datos publicados hoy por el Banco de España.
En el conjunto de España, los bancos contaban a finales de 2012 con 38.142 sucursales en España, 1.961 menos que las 40.103 registradas al cierre de 2011 (el 4,89 % menos).
Si los datos se comparan con el cierre de 2010, el número de oficinas de la banca en España se ha reducido en 5.022 sucursales, lo que supone el 11,6 % menos.
La reducción del número de oficinas de la banca se ha visto impulsada en los últimos meses por el proceso de reestructuración que está llevando a cabo el sector financiero español, que ha reducido el número de entidades a menos de una veintena.
Antes de la crisis financiera, España era uno de los países más "bancarizados" del mundo con aproximadamente una sucursal por cada 100.000 personas.
Después de años de una amplia expansión de la red, la reducción de sucursales comenzó en el cuarto trimestre de 2008 y no ha cesado hasta ahora.
Por comunidades autónomas, Cataluña ha sido donde más sucursales se han reducido en el último año, 506, hasta situarse en 6.211; seguido de la Comunidad Valenciana, donde las entidades financieras cerraron 284 sucursales, hasta cerrar el año en 4.092.
En el caso de Madrid, a cierre de 2012 había 255 oficinas menos, hasta las 4.960; mientras que en Andalucía se han reducido en 218, hasta las 5.959; al igual que en Galicia, donde se registraron 132 menos, hasta las 2.019.
Según los mismos datos del Banco de España publicados hoy, en Aragón se han reducido 108 sucursales bancarias, hasta las 1.510; en el País Vasco, 92, hasta las 1.798; en Castilla y León, 75, hasta las 2.701 y en Murcia, 67, hasta las 1.104.
También en las Islas Baleares se han cerrado 67 sucursales, hasta las 1.084; mientras que en Navarra se han reducido 61 oficinas, hasta las 617; en Canarias, 58, hasta las 1.242 y Asturias, 24, hasta las 879.
En La Rioja y en Extremadura se han cerrado 21 oficinas, hasta las 426 y las 1.128, respectivamente.
Cantabria, con 11 menos (hasta quedar en 475) y Ceuta y Melilla, con 2 (hasta 41), han sido las comunidades donde menos oficinas de la banca se han cerrado.
La única comunidad en la que ha aumentado el número de oficinas ha sido Castilla-La Mancha, donde se han abierto 41 sucursales bancarias, hasta las 1.896.
martes, 19 de marzo de 2013
Los estibadores de Las Palmas y la ULPGC firman un acuerdo para impartir cursos en África
La primera formación que se desarrollará será en Mauritania, enfocada a aumentar su seguridad en los puertos.
La Asociación Sindical de Estibadores de Las Palmas (ASEP) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), firmaron esta mañana un convenio de colaboración para realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y programas de formación, entre otros, fundamentalmente en África.
Rubricaron el acuerdo el rector de la ULPGC, José Regidor, y el coordinador de los estibadores portuarios de Canarias, Miguel Rodríguez, ante la presencia del director del Centro de Formación Internacional Belén María (CIBEM), Tanausú Zumaquero y de Rafael Pérez, director del IDeTic.
Este acuerdo viene a aunar el conocimiento del sindicato en materia marítimo-portuaria y las capacidades tecnológicas de la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC, con el objetivo de mejorar la formación en los puertos africanos. Con este apoyo se emprenderán diversas acciones formativas y de estudios en países del continente vecino como Senegal o Mauritania. En este último, ya comenzaron las líneas de trabajo con la Autoridad Portuaria, agentes sociales y empresarios del sector, a través de las que los estibadores pudieron comprobar el interés, por parte mauritana, de acoger iniciativas que mejoren la seguridad de sus enclaves. Por ello, los primeros cursos que se desarrollarán en estas zonas tratarán sobre la “Gestión Medioambiental de los Recintos Portuarios” y la “Seguridad en los Recintos Portuarios”.
El CIBEM ya se ha consolidado como una institución de referencia en el sector a nivel internacional. Durante los últimos dos años, han compartido sus conocimientos en países tan dispares como Sudáfrica, Eslovenia o Polonia.
Los empresarios canarios, a favor de la reforma de las pensiones aprobada
Fuente: Canarias7
Los empresarios canarios se han manifestado este lunes de acuerdo con la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno, que endurece las jubilaciones anticipadas y parcial, porque, según han indicado, su coste recae sobre todos los ciudadanos.
El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Tenerife, CEOE, José Carlos Francisco, ha dicho que, aunque en España existe una edad de jubilación establecida no menor de los 65 años, en la práctica la media de los trabajadores se jubila a los 60 años, situación que "no es sostenible" con una esperanza de vida de 80 años.
La reforma por tanto "es una cuestión de necesidad, porque no lo podemos pagar", ha dicho Francisco, quien se ha mostrado contrario a que Bankia, por ejemplo, haya acordado jubilaciones y despidos con indemnizaciones por encima de lo que establece la ley a pesar de las pérdidas que ha registrado.
En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, quien ha criticado las prejubilaciones que acuerdan las grandes empresas cuando "el coste lo tenemos que pagar el resto".
Grisaleña ha lamentado también que al tiempo que se despide a trabajadores de más edad, que disfrutaban de salarios más o menos dignos, se contrate a jóvenes en situación precaria para sustituirlos.
Los representantes de los empresarios canarios han hecho estas declaraciones con motivo de la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas de trabajo en las empresas de las enseñanzas de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Deportivas con la Consejería de Educación.
Los empresarios canarios se han manifestado este lunes de acuerdo con la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno, que endurece las jubilaciones anticipadas y parcial, porque, según han indicado, su coste recae sobre todos los ciudadanos.
El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Tenerife, CEOE, José Carlos Francisco, ha dicho que, aunque en España existe una edad de jubilación establecida no menor de los 65 años, en la práctica la media de los trabajadores se jubila a los 60 años, situación que "no es sostenible" con una esperanza de vida de 80 años.
La reforma por tanto "es una cuestión de necesidad, porque no lo podemos pagar", ha dicho Francisco, quien se ha mostrado contrario a que Bankia, por ejemplo, haya acordado jubilaciones y despidos con indemnizaciones por encima de lo que establece la ley a pesar de las pérdidas que ha registrado.
En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, quien ha criticado las prejubilaciones que acuerdan las grandes empresas cuando "el coste lo tenemos que pagar el resto".
Grisaleña ha lamentado también que al tiempo que se despide a trabajadores de más edad, que disfrutaban de salarios más o menos dignos, se contrate a jóvenes en situación precaria para sustituirlos.
Los representantes de los empresarios canarios han hecho estas declaraciones con motivo de la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas de trabajo en las empresas de las enseñanzas de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Deportivas con la Consejería de Educación.
lunes, 18 de marzo de 2013
La marcha obrera llega a la capital grancanaria
Fuente: CanariasAhora
Intersindical Canaria ha pretendido sensibilizar a la población de la necesidad de "caminar y luchar" contra los ajustes que se aplican en España.
La marcha obrera convocada por Intersindical Canaria (IC) que partió el miércoles de la cumbre de Gran Canaria, ha llegado este sábado a la capital de la isla, tras conocer cómo afecta la crisis económica y los recortes presupuestarios a municipios como Tejeda, San Mateo o Valsequillo.
En esta protesta simbólica, con la que el sindicato nacionalista ha pretendido sensibilizar a la población de la necesidad de "caminar y luchar" contra el desconcierto que provocan los ajustes que se aplican en España y en Canarias desde hace cinco años han participado unas setenta personas, según ha informado hoy a Efe la coordinadora general de IC, Lucía Rodríguez.
Esta marcha obrera por el empleo y el salario digno y contra los recortes y la corrupción ha querido alertar sobre las consecuencias sociales del desempleo, que afecta ya a cerca del 34% de la población canaria, de la pobreza en alza, una situación que sufre el 26% de la sociedad isleña, y la desnutrición infantil, que padece el 37% de los menores del archipiélago, según los datos de Unicef.
Rodríguez ha aludido también al hecho de que a los recortes presupuestarios sistemáticos que se aplican en España desde el inicio de la crisis afectan de forma especial a servicios públicos tan básicos como la educación y la sanidad. A esta precariedad se suma, ha dicho, la existencia de "una corrupción brutal en la clase política, que roba el dinero" de los contribuyentes, ha aseverado.
Intersindical Canaria ha pretendido sensibilizar a la población de la necesidad de "caminar y luchar" contra los ajustes que se aplican en España.
La marcha obrera convocada por Intersindical Canaria (IC) que partió el miércoles de la cumbre de Gran Canaria, ha llegado este sábado a la capital de la isla, tras conocer cómo afecta la crisis económica y los recortes presupuestarios a municipios como Tejeda, San Mateo o Valsequillo.
En esta protesta simbólica, con la que el sindicato nacionalista ha pretendido sensibilizar a la población de la necesidad de "caminar y luchar" contra el desconcierto que provocan los ajustes que se aplican en España y en Canarias desde hace cinco años han participado unas setenta personas, según ha informado hoy a Efe la coordinadora general de IC, Lucía Rodríguez.
Esta marcha obrera por el empleo y el salario digno y contra los recortes y la corrupción ha querido alertar sobre las consecuencias sociales del desempleo, que afecta ya a cerca del 34% de la población canaria, de la pobreza en alza, una situación que sufre el 26% de la sociedad isleña, y la desnutrición infantil, que padece el 37% de los menores del archipiélago, según los datos de Unicef.
Rodríguez ha aludido también al hecho de que a los recortes presupuestarios sistemáticos que se aplican en España desde el inicio de la crisis afectan de forma especial a servicios públicos tan básicos como la educación y la sanidad. A esta precariedad se suma, ha dicho, la existencia de "una corrupción brutal en la clase política, que roba el dinero" de los contribuyentes, ha aseverado.
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