El TSJC anula el ERE de La Oliva y devuelve su trabajo a los 46 despedidos

Fuente: Canarias7

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) este verano y ha ordenado al Consistorio que readmita a los 46 trabajadores despedidos.

La sentencia, contra la que cabe interponer un recurso en el plazo de cinco días, responde a una denuncia de CCOO, que pidió la nulidad del ERE por entender que en estos despidos concurrían "fraude, deslealtad y abuso de derecho" por parte del Consistorio majorero y que no existía una causa de insuficiencia presupuestaria, como la que alegó la institución municipal.

El TSJC advierte en su sentencia de que en las sesiones de la comisión negociadora de este ERE se le propuso a la corporación la aplicación de una gestión global de la liquidación, inspección y recaudación de tributos, con el fin de evitar la externalización de estos servicios, dado el sobrecoste que suponen, o la constitución de un mínimo de dos consorcios de tributos y emergencias que contribuyeran a la eficacia y la eficiencia del servicio público.

En materia de gastos de personal se planteó al Ayuntamiento que renovara la suspensión de las ayudas sociales y de la realización de horas extra, y limitara al máximo la productividad, gratificaciones y otros gastos, además de contemplar jubilaciones y, en su caso, prejubilaciones de trabajadores.

Con el fin de mantener el empleo, se instó al Consistorio a que estudiara fórmulas temporales que implicaran reducciones de jornada laboral y salario, tal y como aplicó, con acuerdo de los sindicatos, hasta diciembre de 2011, lo que permitió ahorrar un millón de euros en gastos de personal.

A todo ello, La Oliva contestó que había iniciado un procedimiento para contratar la prestación de servicios complementarios en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria y que, según la nueva normativa de régimen local, para crear consorcios hay que cumplir escrupulosamente con el déficit, además de consensuarlo y acordarlo con otras administraciones públicas.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia destaca que, de toda la documentación que el Consistorio debió aportar junto con la comunicación del inicio del proceso, "se limitó" a presentar la memoria explicativa y la solicitud del informe previsto en el Estatuto de los Trabajadores a los sindicatos.

No acompañó, en cambio, a esos documentos la "documentación contable acreditativa de su situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente durante, al menos tres trimestres consecutivos", como establece la reforma laboral aprobada este año.

Consecuentemente, "los trabajadores no saben a ciencia cierta cuál era la situación económico de la corporación que ha hecho necesario su cese como única y drástica medida correctora de los desequilibrios pretendidos", agrega la sentencia.

Habiéndose iniciado el proceso el 11 de junio de 2012, "no se aportó documentación contable alguna relativa" al último ejercicio de 2011, "más allá de recoger en la memoria una previsión deficitaria sin justificar, cuando según el informe del perito economista, el remanente de tesorería para gastos generales había aumentado en el segundo trimestre de 2012, al menos en 7.718.518,71 euros".

La sentencia destaca que esa "continua mejora del remanente fue confirmada por el auditor de cuentas del Gobierno de Canarias", que actuó como testigo en el juicio.

A juicio de la Sala, "tan abrumadora falta de documentación contable y financiera de carácter fiable, cuya llevanza es más exigible aún de una administración pública, produjo ya la más absoluta indefensión de los trabajadores, quienes se han visto afectados por una decisión determinante para sus vidas y las de sus familias sin la mayor justificación".

En un comunicado, CCOO considera que esta sentencia "es de enorme transcendencia, pues ayuntamientos de toda España esperaban este pronunciamiento, que puede marcar el camino con el que evaluar los EREs presentados en las administraciones públicas".