El 68 % de los jueces y fiscales secundan el paro en Canarias, según los convocantes

Fuente: Canarias7

La huelga convocada este miércoles de jueces y fiscales ha alcanzado un seguimiento en Canarias del 68%, ligeramente por encima del promedio nacional (62%), según han manifestado en rueda de prensa los portavoces de las asociaciones profesionales convocantes.

José Luis González Armengol, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, una de las convocantes, ha señalado en declaraciones a los medios que este resultado, provisional aún, es "satisfactorio".

Sin embargo, ha expresado "serias dudas" de que el ministro "recapacite", y eso a pesar de que, al margen del seguimiento de la huelga, el cien por cien de la carrera está en contra de las medidas del Gobierno, según él.

Las asociaciones profesionales convocantes han cifrado el número de estos profesionales que han hecho paro hoy en 2.500, el 62 % de quienes pueden secundar la huelga, dicen, porque excluyen de esta base a jueces y fiscales sustitutos o a los que están de licencia o baja.

Estos datos se pueden desglosar en un 66 % en Madrid; un 56 % en Cataluña; un 74 % en Extremadura; un 69 % en Andalucía; un 71 % en Aragón; un 59 % en Valencia; un 58 % en el País Vasco; un 72 % en Murcia y un 68 % en Canarias, según la misma fuente.

El paro está convocado contra la reforma de la Administración de Justicia promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha puesto en marcha medidas como un nuevo diseño del Consejo del Poder Judicial, la práctica eliminación de jueces y fiscales sustitutos, la modificación del Registro Civil (privatizadora, según los convocantes) o las nuevas tasas judiciales.

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto a las de fiscales Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, han convocado el paro.

No lo secundan las conservadoras y mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.

Los portavoces de los profesionales convocados han deslegitimado la base desde la que el Consejo General del Poder Judicial calcula el seguimiento de la convocatoria.

Además, han destacado los servicios mínimos adoptados, que permiten que no se hayan visto afectadas la adopción de medidas cautelares como prisión o las bodas y enterramientos.