Fuente: Canarias7
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este
martes que el Ejecutivo asume las recomendaciones del informe de la
Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta
institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en
vigor.
En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías
fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso
administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad
económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de
consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando
afecten a la vivienda habitual.
Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha
considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos, y "ha visto
más y mejor" que el Ministerio de Justicia.
El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir
los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la
entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la
Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.
Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los
principios de ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la Defensora
del Pueblo y que persiguen que el sistema de financiación de la justicia
gratuita no sea soportado sólo por los contribuyentes, sino que también
recaiga en los litigantes.
Tras insistir en la importante del "papel institucional" de la
Defensora del Pueblo, Gallardón ha explicado que se articularán los
procedimientos legales adecuados para introducir las modificaciones que
propone para supuestos concretos y situaciones determinadas.
Unos cambios que, en su opinión no deslegitiman el proyecto del
Ejecutivo, sino que lo mejoran y consolidan el sistema de tasas aprobado
en la ley que entró en vigor el pasado mes de noviembre y que
estableció una subida generalizada de las mismas de entre 50 y 750
euros.
