Fuente: CanariasSemanal
Los datos de la última
Encuesta de Población Activa (EPA) lo confirman. La contrarreforma
laboral impuesta por el Ejecutivo Rajoy está cumpliendo, con creces, su
verdadero objetivo. Puede considerarse, por tanto, desde la perspectiva
de sus impulsores, un rotundo éxito.
Durante el pasado año se
destruyeron en Canarias 14.300 empleos. Prácticamente el doble que los
7.700 perdidos en 2011. Y es que el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de
febrero, para la "reforma" del mercado de trabajo, además de abaratar el
despido eliminó la obligación de que la autoridad laboral autorizase la
aplicación de los Expedientes de Regulación de Empleo.
Como cabía esperar, el
instrumento puesto en manos de la patronal por el Gobierno español
comenzó a utilizarse de inmediato para eliminar trabajadores al más bajo
coste, incluso con mayor intensidad de la que preveían analistas y
organizaciones sindicales antes de la aprobación de la reforma.
De esta forma, el 2012 se
convirtió en el Archipiélago - como en el resto del Estado - en el año
de los EREs. Durante el 2011 se tramitaron en la Dirección General de
Trabajo un total de 315 expedientes. Entre enero y noviembre de 2012
esta cifra aumentó hasta los 493. Es decir, 178 más que en todo el 2011.
En 2012 se tramitaron 91 expedientes extintivos (con 1.933 afectados),
183 suspensivos (con 3.471 afectados) y 219 de reducción de jornada
(2.016 afectados). En total, se vieron afectados por estos EREs 7.420
trabajadores. 3.039 más que en 2011.
En el conjunto del Estado,
solo en los cinco primeros meses de 2012 se comunicaron 11.279
Expedientes de Regulación de Empleo que afectaron a 146.818
trabajadores, frente a los 6.553 del mismo periodo en el año anterior.
Los ERES se incrementaron un 72%.
Pese a la rotundidad de
estos datos, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios
(CCE), Sebastián Grisaleña, volvía a negar la evidencia este mismo
lunes. Según el representante de la patronal, la causa de estos despidos
masivos no habría sido la nueva legislación que los posibilita, sino el
hecho de que ésta no fuera aprobada con anterioridad. "Debería haberse
adoptado dos o tres años antes y cuando finalmente llegó coincidió con
el peor momento económico del país", aseguró el portavoz del lobby
empresarial de la provincia oriental.
