El sábado 8 estuvo a punto de convertirse en una jornada negra para el Puerto de La Luz. La inquietud de la delegada del Gobierno, Carolina Darias, fue tan seria que no dudó en movilizar algunas dotaciones de la Policía Nacional ante la que se avecinaba en el muelle de Cambulloneros.
La Policía se instaló en las inmediaciones del Parque de Santa Catalina, a la espera de recibir una llamada de urgencia para presentarse de inmediato en Fedex, la patronal hortofrutícola convertida ese día en el epicentro de la lucha que dirimen desde hace dos años Autoridad Portuaria, estibadoras y Coordinadora Sindical.
Siete horas de discusiones, obstáculos a los esquiroles, asambleas multitudinarias y llamadas cruzadas entre empresarios, sindicato y gestores públicos, sirvieron para enfriar los ánimos de una actividad condenada al fracaso y a la confrontación cuerpo a cuerpo.
Hoy martes, el presidente de la Coordinadora, Miguel Rodríguez, se presentará en Madrid para denunciar ante Anesco (la patronal de las empresas portuarias) la regulación de empleo que afecta a 170 trabajadores.
Es el inicio de una espiral de conflictos que se contamina día tras día. Entre los operadores privados ya corre el rumor de que la Administración aprobará el ERE y en el sindicato toma cuerpo la convocatoria de una huelga sin precedentes.
En este pulso es el más visceral desde que se constituyó Sestiba hace 20 años. Las negociaciones han entrado en una fase fatigosa y de descrédito mutuo, donde nadie se fía del contrario.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez Simón, arbitra una solución (los despidos) que salpica incluso al Gobierno regional. En plena crisis financiera, a Paulino Rivero se le atraganta respaldar una medida tan extrema cuando las lista del paro crece a una media de 400 personas diarias.
El huevo de serpiente de Sestiba es grande y venenoso y requiere unas dosis de microcirugía tan delicada que un corte de más, abocaría a la economía canaria a una situación delicada.
Canarias entera se abastece por el Puerto, con lo que el conflicto portuario es, desde su inicio, una responsabilidad global. El Puerto no es la enseñanza o la justicia, capaces de autorregularse con acuerdos vinculados al presupuesto.
El Puerto exige más. Sestiba viene mal desde que se vició el sistema de intermediación a base de salarios astronómicos a los trabajadores y de incentivos a fondo perdido a las navieras. Es el resultado de ambiciones desmedidas coincidentes con la etapa de bonanza de la economía isleña.
Las estibadores han ganado dinero a destajo mientras la Autoridad Portuaria, propietaria del 51% de las acciones de Sestiba, jamás se encargó de auditar convenientemente la equivalencia entre facturación e ingresos.
El pool de estibadoras no satisfizo sus cuentas hasta diciembre, cuando Sánchez Simón ordenó el rompecabezas de las acciones. Desde entonces, Sestiba dispone de reparto accionarial y de responsabilidades por empresas, pero hasta ese momento, la entidad fue un desierto sin ley cuyo resultado final es una previsión de deudas para 2009 superior a los 23 millones de euros.
En pleno estallido de la crisis, con caídas del tráfico del 52%, Sestiba valora ahora cómo cubre el agujero. En lo único que coinciden empresas y sindicato es la posibilidad de que el Estado zanje la deuda, pero Puertos se niega rotundamente. Como esa posibilidad es hoy un callejón sin salida, el Puerto planteó un ERE. El sindicato se sube por las paredes y ofrece su plan de pensiones, reducciones puntuales de sueldo y rotación en las listas del paro. Pero tampoco.
La tensión es tan honda, que el sábado se produjo el primer intento malévolo de manipulación del conflicto. Lo que ocurrió en el dique de Cambulloneros fue una conspiración en toda regla que a punto estuvo de saltar por los aires.
Afectó además a un sector sensible (la agricultura de exportación), sin importarle a los autores del complot, que con las cosas de comer no se juega.
La trama era tan burda que no prosperó. En la compleja regulación de Sestiba se asignan los turnos de trabajo en función de la capacidad laboral; los sábados son días especiales, por las libranzas. El gerente de Sestiba, Daniel Báez, consultó con los operadores (Bernardino Santana, Juan Pérez y Vicente Marrero) cómo se asignarían los listados: Opcsa en primer lugar y Fedex en segundo. El sindicato advirtió de que no habría manos suficientes y que la fruta saldría perjudicada. El abogado de los tomateros, Roberto Goiriz, mantuvo una conversación in extremis con Sánchez Simón. Algo olía a quemado.
Los portuarios salieron a morder. Trataron de avituallar el crucero de Santa Catalina, pero la Guardia Civil ya se había anticipado. Después fueron a Opcsa, pero el personal era insuficiente; acabaron en Fedex y confirmaron lo intuido: no había especialistas. No era un lapsus. Leocadio Mayor, presidente del comité de empresa, convocó a cien portuarios en Cambulloneros y paralizó el barco frutero rumbo a Reino Unido. Mientras, en la terraza del Reina Isabel, alguien esbozaba una tierna sonrisa en una reunión a tres: Bernardino Santana, Vicente Marrero y el abogado José Losada. «Si no sale la fruta, tenemos follón». Goiriz no se lo creía; Mayor contenía la furia portuaria; Sánchez Simón telefoneaba a Carolina Darias y despedía a toda la mano; el subdelegado, Vicente Oliva, pedía a Juan de Dios Fernández (el jefede la Inspección laboral) que levantara acta en Fedex; los productores aldeanos se agrupaban; Miguel Rodríguez amenazaba a Daniel Báez con zanjar las negociaciones si la policía tocaba a un portuario. Durante siete horas, la conspiración triunfó hasta que el sindicato, por estavez, cargó la fruta.
