Los estibadores retiran su propuesta económica y denuncian que el ERE presentado por Sestiba es ilegal.Rodríguez explica que el expediente de regulación de empleo incumple el IV Acuerdo Marco que regula las relaciones laborales en el Puerto.
Los estibadores del Puerto de la Luz y de Las Palmas han retirado de la mesa de negociaciones su propuesta económica ante la ausencia de respuesta por parte empresarial. Como se recordará, la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios de Las Palmas (ASEP) había puesto plazo, hasta hoy viernes, para que la otra parte se pronunciara sobre la buena disposición de los trabajadores a aportar 5,5 millones de euros de sus salarios para afrontar la bajada de actividad portuaria; a su vez, el sindicato reclamaba tanto a empresarios como a la Autoridad Portuaria que asumieran su parte de responsabilidad, contribuyendo también a financiar la deuda de Sestiba.
Ante la falta de respuesta y la presentación unilateral del expediente de regulación de empleo (ERE) por parte del presidente de Sestiba, Javier Sánchez Simón, la ASEP denuncia, a través de su presidente Miguel Rodríguez, “la ilegalidad” de esta regulación de empleo, “que incumple al menos dos de los puntos del IV Acuerdo Marco” que rige las relaciones laborales en el sector.
En concreto, Miguel Rodríguez se refiere al porcentaje de caída de la actividad portuaria, y al incumplimiento de los trámites de presentación del ERE desde el punto de vista formal. En el primer caso, el IV Acuerdo Marco condiciona la presentación de un expediente de regulación de empleo al hecho de que la caída de la actividad se situé por debajo del 75%, y que además se prolongue a lo largo de un mínimo de seis meses. Al respecto, el presidente de ASEP recuerda que el ERE del Puerto de la Luz y de Las Palmas “se ha presentado cuando se ha producido una caída de la actividad durante tan sólo dos meses, que si bien en enero llegó a una reducción del 30%, en febrero no va a ser superior al 10%”.
Además, el ERE ha sido presentando directamente ante la Dirección General de Trabajo, cuando el Acuerdo Marco establece que debe presentarse previamente ante la Comisión Sectorial Estatal. El incumplimiento de ambos puntos convierte en “ilegal”
Miguel Rodríguez concluye que “frente a la reiterada disponibilidad manifestada por los trabajadores a negociar una regulación de empleo que, entre todos, ayude a paliar los efectos de la crisis con el menor impacto laboral posible, los empresarios tratan de imponer un ERE de forma unilateral e ilegal”.
27 de febrero de 2009.
