Fuente: La Província
Haridian Mederos El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, dio ayer un tirón de orejas al Gobierno de Canarias. El expresidente autonómico y otrora líder socialista cuestionó el recorte del 20% de salario y jornada a 3.300 empleados públicos, medida aprobada por el pacto regional de Coalición Canaria y PSC-PSOE. Saavedra reclamó a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por esta decisión, en vigor desde el pasado 1 de enero y aplicada por la Consejería de Presidencia, que dirige el socialista Francisco Hernández Spínola.
El también ex ministro de Administraciones Públicas ha elevado una instancia a Becerril para que, en orden a su competencia, presente dicho recurso contra la Disposición Adicional 57 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013. Saavedra se pone, así, del lado de las organizaciones sindicales.
Desde principios de año ha recibido al menos 30 quejas referentes a la pérdida del 20% de sueldo y tiempo de trabajo por parte de funcionarios interinos y del personal laboral indefinido y temporal de la Administración General. Tras analizar estas protestas, detecta que la norma impuesta "vulnera preceptos constitucionales". El profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante 43 años y conferenciante sobre esta materia en multitud de ocasiones aludió a la infracción del artículo 149.1 de la Carta Magna, que especifica que el Estado tiene "competencia exclusiva sobre legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas". Las regiones no tienen potestad para legislar en lo laboral y hay numerosas resoluciones constitucionales que lo dictaminan.
Este reconocido jurista añadió que el Gobierno autónomo quebranta el artículo 14, que reza que "los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
La postura de Saavedra -cuyo cargo depende del Parlamento- contrasta con la tesis del Gobierno autónomo. "Es muy buena la filosofía de fondo de que no haya despidos de trabajadores, pero en la forma creo que se han equivocado", indicó Saavedra, que no comparte la argumentación jurídica esgrimida por la alianza regional.
Ayer mismo el Gobierno salió al paso de las críticas del Diputado del Común y defendió en un comunicado que la rebaja aprobada respeta el orden constitucional, pues cuenta con "justificaciones objetivas" para su puesta en marcha. El Ejecutivo reconoce que asumió esta opción "consciente de que parte de una interpretación jurídica que apura la normativa en vigor". El área de Presidencia, que capitanea Hernández Spínola, insiste en que se adoptó este mecanismo para evitar "despidos masivos". Asimismo, la orden, que es "coyuntural", prevista sólo para este año, podría revocarse si el Estado flexibiliza el objetivo de déficit a las autonomías, según ha comentado en diversas ocasiones el consejero.
El Gobierno canario resalta que Saavedra carece de competencia para decidir si una medida o un texto legislativo "respeta el marco constitucional", algo que sólo puede dirimir el Tribunal Constitucional. Igualmente, aún queda pendiente conocer la resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras la demanda de conflicto colectivo presentada por el Ejecutivo que, con ello, bloqueó todas las causas individuales abiertas en los juzgados por trabajadores públicos.
