EL ECONOMISTA
El Gobierno tiene previsto aprobar
durante la reunión del Consejo de Ministros de hoy un decreto ley para
favorecer el plan que han llamado de envejecimiento activo. Con
él pretenden alargar la vida laboral de los trabajadores con una serie
de medidas entre las que se encuentran la de dificultar el acceso al
subsidio por desempleo para mayores de 55 años y penalizar a las
empresas que incluyan un elevado porcentaje de trabajadores de esta edad
en sus despidos colectivos.
Ante las exigencias de Bruselas y la
necesidad de ajustar las cuentas, el Gobierno sigue buscando la fórmula
que permita retrasar la edad de jubilación real, reducir el paro y
limitar las prejubilaciones. Sobre este último punto, el pasado mes de
febrero ya se conocían algunas de las propuestas que barajaba el Ejecutivo.
Hoy, el día en el que casi con toda seguridad se dará luz verde a este decreto de envejecimiento activo, se han avanzado otras de las ideas que maneja el equipo de Mariano Rajoy.
Para empezar, va a aumentar las
condiciones exigidas a los mayores de 55 años que hayan agotado la
prestación por desempleo para acceder a las ayudas para parados de larga
duración. Según recoge el diarioEl País, a partir de que entre
en vigor la nueva ley para la concesión de este subsidio se tendrán en
cuenta los miembros de la unidad familiar. Si las rentas recibidas
por el cónyuge y los hijos de más de 26 años superan un determinado
tope, el parado no podrá acceder a las ayudas.
Según consta en el texto, no cobrará
"cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad
familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el
número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias".
ERE y prejubilaciones
Además, incentivará que en los despidos
colectivos los trabajadores de más edad no sean los principales
afectados. Según recoge el rotativo, cuando entre en vigor el decreto
ley a las empresas con más de 100 trabajadores les saldrán más baratos
los ERE que tengan equilibrio en la edad de los despedidos.
¿Cómo? "Ya no deberán hacerse cargo de
todo o parte del coste del seguro de desempleo y de las cotizaciones
correspondientes a la Seguridad Social", explica el diario. Hasta ahora,
las compañías deben hacerse cargo de estos gastos solo con incluir a un
empleado mayor de 50 en ERE. Con la modificación se reduce el coste, ya
que solo pagan si la proporción es desigual.
Además, como ya se había adelantado, se aprobarán medidas para frenar las jubilaciones anticipadas y modificar las condiciones de acceso a la jubilación parcial, todo
con el objetivo de adaptar ambas modalidades a la reforma de pensiones
que entró en vigor el pasado 1 de enero y con la que se eleva
progresivamente la edad de jubilación legal desde los 65 a los 67 años.
Para
frenar las jubilaciones anticipadas se pueden tocar varios aspectos: la
edad de acceso a la misma, el periodo de cotización mínimo exigido, y
los coeficientes reductores a aplicar por cada año de adelanto a la edad
legal de jubilación.
Alargar la vida laboral
En el caso de la jubilación forzosa, a
la que se accede actualmente a los 61 años, la intención del Gobierno
podría ser la de elevar la edad de acceso progresivamente, acompasándola
al aumento progresivo de la edad legal. Así, la edad para poder
jubilarse anticipadamente tras una salida no voluntaria del mercado
laboral podría elevarse progresivamente, hasta situarse en 63 años en
2027, año en el que la edad de jubilación estará ya en 67 años en virtud
de la última reforma de pensiones.
Asimismo, el periodo mínimo de
cotización exigido para acceder a la jubilación anticipada forzosa,
ahora de 30 años, podría alargarse unos años más, al tiempo que los
coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión también podrían
elevarse dentro de una escala que estaría en función de los años
cotizados y que se resumiría en lo siguiente: a más años cotizados,
menos penalización.
En cuanto a la jubilación anticipada
voluntaria, el Gobierno también podría actuar en los tres frentes para
frenar esta modalidad. La edad de acceso mínimo podría elevarse hasta los 65 años, también
de manera progresiva, endureciéndose también el periodo mínimo de
cotización exigido, que podría pasar de 30 a 33 años, así como los
coeficientes reductores.
Respecto a las jubilaciones parciales,
los cambios que baraja aquí el Gobierno también podrían pasar por
aumentar progresivamente la edad de acceso a la misma y quizá establecer
dos baremos en función de los años cotizados. También podría aumentarse
el tiempo de trabajo del jubilado parcial.
El Ejecutivo también estudia permitir
que los jubilados que sigan trabajando puedan cobrar hasta el 50% de la
pensión que les corresponda, cotizando menos de lo habitual, aunque para
eso tendrán que cumplir una serie de requisitos.
La reunión del Consejo de Ministros
estará presidida por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, ante la ausencia del jefe del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, que se encuentra en Bruselas participando en las reuniones del
Consejo Europeo.
