La revocación de la medida que entró en vigor en enero estará hoy sobre la mesa del Consejo de Gobierno
R. Acosta
La reducción del 20% de la jornada y salario de los empleados públicos
de la Comunidad Autónoma tiene los días contados. La Consejería de
Presidencia y Justicia está acelerando las gestiones para revocar la
decisión adoptada el pasado año y que entró en vigor el 1 de enero en
los presupuestos autonómicos de 2013. De hecho, este periódico ha podido
saber de fuentes cercanas al Ejecutivo y de los sindicatos que el
departamento que dirige Francisco Hernández Spínola está barajando
llevar la medida al Consejo de Gobierno de hoy o en las próximas semanas
para que entre en vigor en abril o mayo.
El propio consejero de Presidencia ha sido el encargado de lanzar esta iniciativa. En el último pleno del Parlamento contestó a una pregunta del PP y ya apuntó que en este mismo ejercicio los empleados públicos recuperarían su poder adquisitivo. El pasado lunes, en una conferencia en el Club LA PROVINCIA, Spínola volvió a pronunciarse y advirtió que se revocará la medida desde que sea posible.
Uno de los principales motivos que empujan al Ejecutivo a dar marcha atrás es el jurídico. El Gobierno ha reconocido que ha "forzado" la ley para aplicar la medida y los recursos ante los tribunales por parte de los sindicatos y de los empleados públicos afectados pueden dejar a la Comunidad Autónoma en su serio aprieto. El conflicto colectivo planteado por el Gobierno para desactivar los recursos individuales también tiene todos los visos de ser desestimado por la Justicia. A este escenario se une el riesgo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra de la Comunidad Autónoma ante un recurso que plantee el Defensor del Pueblo.
Las razones económicas se encuentran también en el trasfondo de la decisión que tiene ultimada la Consejería de Presidencia. Las previsiones iniciales apuntaban a un ahorro para las arcas públicas de unos 15 millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda ya ha elaborado un informe por encargo de Presidencia para justificar la revocación de la medida ya que la repercusión sobre las cuentas públicas es escasa y hay alternativas para cubrir esta cantidad, entre ellas los recursos procedentes del Fondo de Liquidez, que acaba de solicitarse por el Ejecutivo por segundo año consecutivo.
La medida del Gobierno canario se recoge en los presupuestos de 2013 y afecta a 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma entre personal laboral temporal, indefinido por sentencia y funcionarios interinos. Cerca de un millar de estos trabajadores tiene una reducción de la jornada y del salario del 10% porque se trata de empleados a tiempo parcial, sobre todo los vigilantes de comedor.
Desde que se aprobaron los presupuestos los sindicatos y los trabajadores afectados no han parado de convocar movilizaciones y demandas ante la Justicia. De hecho, cada trabajador presentó un recurso, por lo que el Gobierno decidió interponer un conflicto colectivo. Según fuentes sindicales, los cuatro sindicatos que forman parte de la Mesa de Función Pública y el presidente y secretario del comité intercentros han sido llamados a declarar por este conflicto el próximo 8 de abril. Asimismo, los sindicatos han presentado un preaviso de huelga para el 15 de abril.
Los 3.300 empleados públicos afectados por la reducción del sueldo y los horarios pierden hasta 320 euros al mes. Atendiendo a las tablas salariales, un laboral del Grupo 5, con una retribución básica mensual estimada de 871 euros brutos pierde 174 euros en su nómina. En el caso de un empleado del Grupo 1, el recorte es de unos 320 euros sobre un sueldo de 1.595. En el caso de los funcionarios, el ajuste en lo que cobran oscila entre los 110 euros de un trabajador del Grupo E (cuya nómina bruta es de 550 euros mensuales) y los 221 que corresponden a uno del Grupo A (1.109 euros de retribución).
El propio consejero de Presidencia ha sido el encargado de lanzar esta iniciativa. En el último pleno del Parlamento contestó a una pregunta del PP y ya apuntó que en este mismo ejercicio los empleados públicos recuperarían su poder adquisitivo. El pasado lunes, en una conferencia en el Club LA PROVINCIA, Spínola volvió a pronunciarse y advirtió que se revocará la medida desde que sea posible.
Uno de los principales motivos que empujan al Ejecutivo a dar marcha atrás es el jurídico. El Gobierno ha reconocido que ha "forzado" la ley para aplicar la medida y los recursos ante los tribunales por parte de los sindicatos y de los empleados públicos afectados pueden dejar a la Comunidad Autónoma en su serio aprieto. El conflicto colectivo planteado por el Gobierno para desactivar los recursos individuales también tiene todos los visos de ser desestimado por la Justicia. A este escenario se une el riesgo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra de la Comunidad Autónoma ante un recurso que plantee el Defensor del Pueblo.
Las razones económicas se encuentran también en el trasfondo de la decisión que tiene ultimada la Consejería de Presidencia. Las previsiones iniciales apuntaban a un ahorro para las arcas públicas de unos 15 millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda ya ha elaborado un informe por encargo de Presidencia para justificar la revocación de la medida ya que la repercusión sobre las cuentas públicas es escasa y hay alternativas para cubrir esta cantidad, entre ellas los recursos procedentes del Fondo de Liquidez, que acaba de solicitarse por el Ejecutivo por segundo año consecutivo.
La medida del Gobierno canario se recoge en los presupuestos de 2013 y afecta a 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma entre personal laboral temporal, indefinido por sentencia y funcionarios interinos. Cerca de un millar de estos trabajadores tiene una reducción de la jornada y del salario del 10% porque se trata de empleados a tiempo parcial, sobre todo los vigilantes de comedor.
Desde que se aprobaron los presupuestos los sindicatos y los trabajadores afectados no han parado de convocar movilizaciones y demandas ante la Justicia. De hecho, cada trabajador presentó un recurso, por lo que el Gobierno decidió interponer un conflicto colectivo. Según fuentes sindicales, los cuatro sindicatos que forman parte de la Mesa de Función Pública y el presidente y secretario del comité intercentros han sido llamados a declarar por este conflicto el próximo 8 de abril. Asimismo, los sindicatos han presentado un preaviso de huelga para el 15 de abril.
Los 3.300 empleados públicos afectados por la reducción del sueldo y los horarios pierden hasta 320 euros al mes. Atendiendo a las tablas salariales, un laboral del Grupo 5, con una retribución básica mensual estimada de 871 euros brutos pierde 174 euros en su nómina. En el caso de un empleado del Grupo 1, el recorte es de unos 320 euros sobre un sueldo de 1.595. En el caso de los funcionarios, el ajuste en lo que cobran oscila entre los 110 euros de un trabajador del Grupo E (cuya nómina bruta es de 550 euros mensuales) y los 221 que corresponden a uno del Grupo A (1.109 euros de retribución).
