
La Provincia/Diario de Las Palmas 17/01/2013
Competencia quiere limitar la sobrecompensación que reciben algunas empresas canarias.
Bruselas quiere intensificar el control sobre las ayudas que reciben los operadores de las regiones alejadas como Canarias para limitar la sobrecompensación que reciben algunas empresas, beneficiadas con varios tipos de ayudas y subvenciones. Fuentes conocedoras de los asuntos comunitarios explican que España y Canarias no han cumplido en rigor con la información anual exigida por la Comisión Europea en 2006, en la que se solicitaba la identificación de los diez mayores beneficiarios de las ayudas al funcionamiento, es decir, aquellas que repercuten en los gastos corrientes de las empresas para compensar sus sobrecostes.
En un documento interno elaborado por la Comisión en diciembre de 2006, dirigido al Gobierno español en relación con el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, las autoridades comunitarias recordaban la necesidad de respetar las normas sobre la acumulación de ayudas, es decir, que las diferentes subvenciones recibidas por las empresas, sobre todo las industriales, no superasen los límites marcados. La directriz comunitaria se difundió ante el inicio del actual periodo financiero de la UE 2007-2013 pero que, según las fuentes consultadas, no se ha cumplido de forma rigurosa.
Los servicios comunitarios advierten que hay empresas que reciben ayudas de fondos europeos por varios conceptos. Hay operadores que se benefician del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), de las bonificaciones al transporte, del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) o de exenciones arancelarias a las materias primas. Esta acumulación de ayudas tiene una serie de limitaciones que Bruselas entiende que no se han cumplido en estos años, por lo que en el nuevo periodo 2014-2020 pretende exigir una información más clara y rigurosa al respecto.
Informe anual
La Comisión Europea también exige un informe anual que permita a los servicios comunitarios comprobar que se respeta la proporcionalidad entre las ayudas al funcionamiento y los costes adicionales a los que deben hacer frente los operadores de las regiones ultraperiféricas como Canarias.
“Hay que medir la sobrecompensación y no se está comunicando bien a Bruselas”, advierten las fuentes consultadas. Hasta ahora las ayudas de Estado de finalidad regional entraban en la esfera de Fiscalidad, pero a partir de este próximo periodo pasan a formar parte del área de Competencia, es decir, bajó la órbita del comisario español Joaquín Almunia. Este hecho acarrea unas reglas más duras y un control más exhaustivo de las ayudas y subvenciones que reciben empresas y profesionales para evitar distorsionar la competencia en el mercado europeo, una de las principales señas de identidad de la Unión.
La alarma lanzada la pasada semana por el presidente Paulino Rivero es vista con cautela, aunque los expertos comunitarios sí reconocen que si el actual borrador de ayudas regionales se aprueba como está “nos va a perjudicar”, pero que aún hay solución porque la aprobación definitiva no se producirá hasta el mes de mayo. La advertencia sobre el peligro que corren las ayudas que reciben más de 10.000 operadores en Canarias es considerada excesiva porque “no se puede medir la sobrecompensación” de todos, pero sí se deben realizar muestreos entre los más beneficiados por las ayudas al funcionamiento para detectar acumulación de ayudas que puedan tener repercusiones negativas en el régimen específico del que disfruta Canarias en el marco europeo.
De esta opinión es también el exconsejero de Economía y Hacienda y actual secretario de la Mesa del Parlamento, José Miguel González. Según el dirigente nacionalista, el control que pretende la Unión Europea se debe no sólo a las regiones ultraperiféricas, sino también a la incorporación de países y regiones más pobres que Canarias y que tienen menos transparencia a la hora de dar cuenta de las ayudas que reciben y si se han utilizado correctamente.
A González no le preocupan gravemente los cambios que pretende introducir Competencia en las medidas de control de las ayudas de Estado, aunque, no obstante, “sí hay que negociar las singularidades que se tendrán que introducir para que Canarias no se vea afectada negativamente por las nuevas normas”.
