El Gobierno regional tiene 8.500 expedientes a punto de prescribir o caducar
HARIDIAN MEDEROS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La Dirección General de Tributos, dependiente de la Consejería regional de Economía y Hacienda, necesita entre cien y 120 empleados más para atacar cuanto antes los cerca de 8.500 expedientes tributarios pendientes, sobre los que pesa la daga del tiempo al caducar o prescribir en los próximos meses. El Consejo de Gobierno de Canarias prevé aprobar en su reunión de esta semana la reasignación de personal de otras consejerías a este departamento, cuya plantilla es insuficiente para asumir el trabajo que hasta el 31 de diciembre realizaban las oficinas liquidadoras comarcales, dirigidas por los registradores de la propiedad.
La decisión del Ejecutivo autonómico de tomar las riendas de la recaudación directa de dos impuestos cedidos por el Estado, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones, ha pillado a la Administración Tributaria Canaria sin un número adecuado de profesionales. Apenas hay 80 empleados con este cometido entre ambas provincias, que trabajan en el edificio de la avenida Tres de Mayo en Santa Cruz de Tenerife y en Usos Múltiples I en la capital grancanaria. Tienen sobre la mesa casi 300.000 expedientes relativos a los dos gravámenes citados correspondientes a los últimos cuatro años como mínimo, pero ahora asumen otros 180.000 procedimientos pendientes y que eran gestionados por 190 trabajadores de las agencias ubicadas en siete municipios isleños.
El Gobierno regional aprobó a fines de diciembre un decreto que establecía un periodo transitorio en virtud del cual extinguió la encomienda de gestión a los registradores, aunque les imponía resolver las carpetas abiertas antes del último día del año. Se trata de la fase inicial para erigir una Agencia Tributaria propia de la Comunidad Autónoma que gestione todos los impuestos directos e indirectos. El Colegio de Registradores recurrió a los tribunales por entender que era ilegal trabajar sin convenio y sin encomienda. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó un auto para ordenar la suspensión cautelar del decreto, un escenario inimaginable para el Ejecutivo. En todo caso, la administración ya había programado la redistribución de empleados públicos, una tarea que tenía que estar culminada durante enero, pero que está acelerando para concluirla lo antes posible.
En los próximos días el Ejecutivo determinará el número de efectivos que tendrá que destinar cada departamento a la Dirección General de Tributos. En cuanto se adopte esta decisión se dictarán las resoluciones por parte del área de Función Pública para acordar la movilidad de los trabajadores a Tributos. Responsables del Ejecutivo esperan que el traslado del personal no tarde más de diez días, mientras que otras argumentan que esta misma semana el Consejo de Gobierno dará luz verde al desplazamiento de los empleados de otras consejerías, en las que se ha reducido su presupuesto y, por ende, ha bajado su actividad. El planteamiento es recuperar a aquellos que hoy no tienen carga laboral y reasignarlos a Hacienda. Se han presentado 370 voluntarios. Función Pública baraja que la cifra de funcionarios que se traslade o será inferior a 70, mientras que Tributos reclama más de un centenar para tapar su actual agujero en recursos humanos. Y es que no sólo se responsabilizarán de la actividad que antes tenían las oficinas liquidadoras, sino también requieren más manos para "hacer más gestión" en el ámbito del IGIC y de los impuestos propios, como los ambientales que entran en vigor y afectan a las grandes superficies comerciales, entre otros.
Esfuerzo
La orden es volcar todos los esfuerzos en los aproximadamente 8.500 expedientes próximos a prescribir o caducar de los 180.000 atascados, según un informe interno del Gobierno. De los 8.500, el grueso está fundamentalmente en el bloque de las caducidades, puesto que la mayoría de las prescripciones se van interrumpiendo en cuanto se realiza un acto formal, que hace que el plazo de la prescripción se abre nuevamente por cuatro años.
La caducidad de un procedimiento obligaría a tener que iniciarlo otra vez y efectuar dos veces la misma operación. En cambio, la prescripción tiene efecto letal porque una vez que pasan los cuatro años se extingue el derecho de la administración pública a liquidar la deuda, a cobrar esa deuda. Por tanto, los trabajadores se tendrán que centrar en impedir que prescriban los pagos a Hacienda.
"Ningún expediente está en el limbo, sino que son competencia de la Administración de Tributos Cedidos", argumentan desde el Ejecutivo, que remarca que el coste de gestión por parte de las oficinas comarcales oscilaba entre diez y doce millones de euros anuales. Entretanto se solventa la movilidad de los trabajadores, los servicios jurídicos del Gobierno han interpuesto un recurso contra el auto del TSJC que anula el decreto autonómico.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La Dirección General de Tributos, dependiente de la Consejería regional de Economía y Hacienda, necesita entre cien y 120 empleados más para atacar cuanto antes los cerca de 8.500 expedientes tributarios pendientes, sobre los que pesa la daga del tiempo al caducar o prescribir en los próximos meses. El Consejo de Gobierno de Canarias prevé aprobar en su reunión de esta semana la reasignación de personal de otras consejerías a este departamento, cuya plantilla es insuficiente para asumir el trabajo que hasta el 31 de diciembre realizaban las oficinas liquidadoras comarcales, dirigidas por los registradores de la propiedad.
La decisión del Ejecutivo autonómico de tomar las riendas de la recaudación directa de dos impuestos cedidos por el Estado, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones, ha pillado a la Administración Tributaria Canaria sin un número adecuado de profesionales. Apenas hay 80 empleados con este cometido entre ambas provincias, que trabajan en el edificio de la avenida Tres de Mayo en Santa Cruz de Tenerife y en Usos Múltiples I en la capital grancanaria. Tienen sobre la mesa casi 300.000 expedientes relativos a los dos gravámenes citados correspondientes a los últimos cuatro años como mínimo, pero ahora asumen otros 180.000 procedimientos pendientes y que eran gestionados por 190 trabajadores de las agencias ubicadas en siete municipios isleños.
El Gobierno regional aprobó a fines de diciembre un decreto que establecía un periodo transitorio en virtud del cual extinguió la encomienda de gestión a los registradores, aunque les imponía resolver las carpetas abiertas antes del último día del año. Se trata de la fase inicial para erigir una Agencia Tributaria propia de la Comunidad Autónoma que gestione todos los impuestos directos e indirectos. El Colegio de Registradores recurrió a los tribunales por entender que era ilegal trabajar sin convenio y sin encomienda. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó un auto para ordenar la suspensión cautelar del decreto, un escenario inimaginable para el Ejecutivo. En todo caso, la administración ya había programado la redistribución de empleados públicos, una tarea que tenía que estar culminada durante enero, pero que está acelerando para concluirla lo antes posible.
En los próximos días el Ejecutivo determinará el número de efectivos que tendrá que destinar cada departamento a la Dirección General de Tributos. En cuanto se adopte esta decisión se dictarán las resoluciones por parte del área de Función Pública para acordar la movilidad de los trabajadores a Tributos. Responsables del Ejecutivo esperan que el traslado del personal no tarde más de diez días, mientras que otras argumentan que esta misma semana el Consejo de Gobierno dará luz verde al desplazamiento de los empleados de otras consejerías, en las que se ha reducido su presupuesto y, por ende, ha bajado su actividad. El planteamiento es recuperar a aquellos que hoy no tienen carga laboral y reasignarlos a Hacienda. Se han presentado 370 voluntarios. Función Pública baraja que la cifra de funcionarios que se traslade o será inferior a 70, mientras que Tributos reclama más de un centenar para tapar su actual agujero en recursos humanos. Y es que no sólo se responsabilizarán de la actividad que antes tenían las oficinas liquidadoras, sino también requieren más manos para "hacer más gestión" en el ámbito del IGIC y de los impuestos propios, como los ambientales que entran en vigor y afectan a las grandes superficies comerciales, entre otros.
Esfuerzo
La orden es volcar todos los esfuerzos en los aproximadamente 8.500 expedientes próximos a prescribir o caducar de los 180.000 atascados, según un informe interno del Gobierno. De los 8.500, el grueso está fundamentalmente en el bloque de las caducidades, puesto que la mayoría de las prescripciones se van interrumpiendo en cuanto se realiza un acto formal, que hace que el plazo de la prescripción se abre nuevamente por cuatro años.
La caducidad de un procedimiento obligaría a tener que iniciarlo otra vez y efectuar dos veces la misma operación. En cambio, la prescripción tiene efecto letal porque una vez que pasan los cuatro años se extingue el derecho de la administración pública a liquidar la deuda, a cobrar esa deuda. Por tanto, los trabajadores se tendrán que centrar en impedir que prescriban los pagos a Hacienda.
"Ningún expediente está en el limbo, sino que son competencia de la Administración de Tributos Cedidos", argumentan desde el Ejecutivo, que remarca que el coste de gestión por parte de las oficinas comarcales oscilaba entre diez y doce millones de euros anuales. Entretanto se solventa la movilidad de los trabajadores, los servicios jurídicos del Gobierno han interpuesto un recurso contra el auto del TSJC que anula el decreto autonómico.
