Los representantes de los trabajadores entienden que atenta contra la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores
Julio Gutiérrez Los juzgados de lo social de las dos provincias canarias están registrando un goteo constante de demandas de empleados públicos afectados por el recorte del 20% de salario y jornada impulsado por el Gobierno de Paulino Rivero y aprobado por el Parlamento de Canarias. Los abogados de los seis sindicatos con representación en el sector público canario denuncian en sus escritos la inconstitucionalidad de la medida y la violación de preceptos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo del personal laboral de la comunidad autónoma. Entre ellos, la falta de información a los afectados por el recorte y la discriminación con respecto al resto de trabajadores.
Las demandas de las organizaciones sindicales -Intersindical Canaria (IC), CCOO, UGT, Sepca, Co.bas y Convergencia Sindical- solicitan la nulidad de la medida aplicada a partir del 1 de enero para 3.300 empleados públicos, laborales e interinos. Según la abogada Carmen Felipe (IC), la medida obvia la Constitución Española en sus artículos 9 -fomenta la igualdad- y 14, que impide la "discriminación" por cualquier "condición o circunstancia personal o social".
El camino de la inconstitucionalidad no es rápido. "Depende de que un juez lo estime y lo eleve al Tribunal Constitucional y pasarían años hasta que haya una resolución", explicó Felipe, que se mostró segura de que "antes o después" existirá "una decisión que anule el recorte".
La otra vertiente de las demandas presentadas está en solicitar la nulidad del recorte por conculcar otras normas como el propio Estatuto de los Trabajadores. Carmen Felipe aseguró que no se ha comunicado a cada trabajador "con quince días de antelación o un mes, según el caso, tal y como marca" el mencionado estatuto. No es la única norma obviada, según las organizaciones sindicales. Manuel González, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), explicó que también el propio convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias obliga en su artículo 49 a "abrir un trámite de negociación con los representantes de los trabajadores", hecho que, tal y como afirmó el propio González, "nunca se ha producido".
Los sindicalistas coincidieron en señalar la confusión que se ha producido entre los trabajadores que, en muchos casos, han tenido pleno conocimiento de la medida cuando comprobaron esta semana que su sueldo menguaba en una quinta parte. "Nadie se ha sentado con ellos para contarles exactamente lo que les iba a suponer el recorte", señaló el representante de IC, Rafael Rodríguez, "aparte de que ya es injusto que se señale de forma totalmente arbitraria a un grupo concreto de trabajadores". Rodríguez relató así la discriminación que se está produciendo al hacer recaer solamente sobre el personal laboral temporal, fijo por sentencia y funcionarios interinos el recorte. "Al lado de ellos hay otro trabajador haciendo exactamente la misma labor y sin ningún recorte salarial", afirmó.
Precisamente esta discriminación ha motivado que los seis sindicatos firmen otro escrito que elevarán a la Comisión Europea por entender que el ajuste atenta contra la directiva europea que impide el establecimiento de discriminaciones salariales sin motivación para ello.
"No creo que se ahorren más de 12 o 14 millones y están poniendo a personas al borde la miseria y afectando al servicio que se presta a los ciudadanos", señaló Rafael Rodríguez, quien, además, aseguró que existen otras fórmulas para ahorrar.
Las organizaciones sindicales también se están dirigiendo por carta al consejero de Presidencia, Igualdad y Justicia, Francisco Hernández Spínola, para solicitarles que deje sin efecto el recorte del 20%. El escrito del Sepca señala que las decisiones de la Administración "no pueden estar basadas en la arbitrariedad y deben responder a criterios de eficiencia y eficacia".
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Canarias, Francisco Bautista, explicó que el motivo de no optar por la demanda colectiva es evitar el riesgo de perderla y con ello también "la posibilidad de plantear los casos de forma individual".
